El pasado 30 de septiembre, en medio de la rueda de prensa que se dio tras la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de aumentar en 25 puntos básicos las tasas de referencia para llevarlas a 12,25 %, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hizo un anuncio: entre 10 o 12 días se presentará la Ley de Rescate Fiscal.
El país está a la expectativa de la iniciativa, que se trata de un proyecto de ley que busca ajustar y ordenar las finanzas públicas y que, a diferencia de una reforma tributaria tradicional de aumento de impuestos, su objetivo es recortar y reestructurar el gasto del Estado para corregir el déficit fiscal y los huecos presupuestales heredados de la administración de Gustavo Petro.
“La Ley de Rescate Económico es un instrumento fundamental como proceso de estabilización del endeudamiento del país. Estamos en conversaciones finales y la idea es presentarlo en los próximos días o semanas”, dijo el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, en la Comisión Tercera del Senado.
Agregó el funcionario que esta iniciativa se va a complementar con algunas medidas en el Plan Nacional de Desarrollo con las cuales el Gobierno quiere hacer “una reducción adicional en la burocracia”, en los gastos operativos del Estado.
Corficolombiana, en un documento sobre el “sinceramiento fiscal” que ha tenido el Gobierno de De La Espriella afirmó que la iniciativa busca un ajuste de 2,2 % del PIB, equivalente a cerca de 45 billones de pesos.
Explica el informe que la magnitud responde a la necesidad de reducir el déficit primario, aliviar las presiones de financiamiento y contener el crecimiento de la deuda.
“Sin embargo, el principal desafío no está en el monto anunciado, sino en su viabilidad e implementación. Hasta ahora se desconocen los detalles de las medidas, su distribución entre ingresos y gastos, su carácter permanente o transitorio y el cronograma de ejecución”, señala Corficolombiana.
El anuncio establece una meta general, pero no permite identificar cuánto provendría de reformas estructurales, recortes temporales, aplazamientos presupuestales, eficiencias administrativas o medidas tributarias que requieren aprobación legislativa.
Para la entidad, se suma una dificultad adicional: el calendario juega en contra. Las iniciativas que deban pasar por el Congreso tendrían que aprobarse, reglamentarse e implementarse durante 2027, lo que limitaría su impacto fiscal efectivo en ese mismo año.
“Esto no significa que el ajuste de 2,2 % del PIB sea inalcanzable, sino que su implementación completa probablemente requeriría más tiempo. La experiencia internacional muestra que las consolidaciones fiscales de gran magnitud suelen desarrollarse mediante programas multianuales que combinan medidas permanentes de ingresos y gastos, reformas institucionales y metas fiscales intermedias”, agrega el estudio.
El escenario que contempla Corficolombiana, ante las restricciones políticas y de implementación, es de un ajuste parcial de 1,6 % del PIB (cerca de 33 billones de pesos), con dos terceras partes provenientes de recortes de gasto y una tercera parte de mayores ingresos.
Según sus cálculos y bajo este supuesto, el déficit total del Gobierno Nacional Central se reduciría a 7,8% del PIB en 2027, mientras el déficit primario pasaría de 4,0 % a 2,9 % del PIB. Aun así, la deuda neta aumentaría de 60,1 % a 65,7 % del PIB, un máximo histórico que superaría incluso el registrado durante la pandemia.
El documento reitera que el mayor desafío de 2027 será el ajuste fiscal y la factura que habrá que pagar, reflejada en necesidades récord de financiamiento. Sin ajuste, el déficit del Gobierno nacional llegaría a 9,4 % del PIB y las necesidades de financiamiento a 266,3 billones de pesos (12,2% del PIB), más del triple de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
Según Corficolombiana, el Gobierno contempla desembolsos de crédito por 238,6 billones de pesos (11,0 % del PIB), distribuidos entre fuentes internas por 150,9 billones (7,0 % del PIB) y externas por 87,7 billones (4,0 % del PIB).
“En el mercado de TES, las operaciones de manejo de deuda (OMD) han permitido ganar tiempo, pero no sustituyen el ajuste fiscal. El primer canje redujo las amortizaciones de 2027 de 42,1 a 25,5 billones de pesos, mientras que las dos operaciones restantes podrían llevarlas a cerca de 15 billones de pesos. En conjunto, representarían una reducción de 27,1 billones de pesos (1,2 % del PIB) en las amortizaciones del próximo año, aliviando las necesidades de financiamiento interno. El beneficio es financiero, no fiscal: se aplazan vencimientos, pero aumenta la oferta de TES de mayor plazo”, advierte el análisis.
El estudio anticipa que, incluso con el ajuste fiscal, que reduciría principalmente las necesidades externas, y los canjes de deuda, que aliviarían el financiamiento interno, los desembolsos de crédito seguirían en niveles históricamente elevados. “Los desembolsos externos se reducirían a 63,1 billones de pesos (2,9 % del PIB) y los internos a cerca de 120 billones de pesos (5,6 % del PIB), para un total de 183,1 billones de pesos (8,5 % del PIB)”.
Resalta el informe que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería entonces necesario no solo para abaratar parte del financiamiento, sino, sobre todo, para respaldar la credibilidad del ajuste fiscal y ayudar a pagar la factura. “La Línea de Precaución y Liquidez (LPL) sería la opción más favorable, aunque exigiría un ajuste creíble y en marcha. De lo contrario, podría contemplarse un Acuerdo Stand-By (SBA), sujeto a mayor condicionalidad”, asegura.
Y concluye: “El ajuste de 2027 será apenas el comienzo del camino, no el punto de llegada, y muchas piezas tendrán que encajar para avanzar. Los mercados estarán atentos a la aprobación e implementación de la Ley de Rescate Fiscal, los resultados de las operaciones de manejo de deuda pendientes, las negociaciones con el FMI y la composición del financiamiento entre TES, bonos externos y organismos multilaterales”.