Lo que no quedó por ley que entre por decreto. Esa parece ser la tendencia que busca establecer el gobierno de Gustavo Petro, al menos con los temas laborales.
Luego de que ya la reforma laboral está en marcha, y en medio de una avalancha de noticias relacionadas con leyes aprobadas o desaprobadas en el Congreso de la República, desde el Ejecutivo están buscando expedir decretos para revivir medidas que no fueron avaladas por el Legislativo.
Así lo advirtió Fenalco, que manifestó su preocupación por el riesgo de separación de poderes, pues, el Ministerio de Trabajo entraría en las competencias propias del Congreso.
El gremio de comerciantes se refiere a dos proyectos de decretos que ya estuvieron expuestos para comentarios del público y aún no han sido expedidos oficialmente.
Por ello, alertan y hacen un llamado específico: “suspender de inmediato la expedición de estos decretos y a llevar cualquier reforma estructural del régimen laboral al Congreso de la República”.
Los dos decretos que menciona Fenalco reviven parte del paquete de medidas que fueron retiradas de la reforma laboral para que pudiera ser aprobada en el Legislativo.
¿Cuáles son?
Uno es el de la negociación colectiva sectorial, que, según el gremio, se trata de un modelo que permite que un solo sindicato negocie por todo un sector económico, obligando a empresas y trabajadores que no participaron en la negociación a adaptarse a lo decidido.
Con dicho decreto, todos los trabajadores tendrían que pagar cuotas sindicales, sin importar si están afiliados o no a la organización.
Y no es todo. “Las empresas estarían forzadas a entregar información económica sensible sin sustento legal”, advirtió Fenalco.
El otro decreto que consideran peligroso es el de la tercerización laboral, con el cual, se plantean restricciones y sanciones no autorizadas por la ley, pues, “se presume ilegalidad en la tercerización empresarial, señalando como infractores a contratistas y empresas que tercerizan sin ‘organización propia’ o ‘estructura productiva especializada’, categorías que no existen en la ley”, señala el gremio.
Las empresas mayormente afectadas serían de Servicios Temporales, que, a juicio de Fenalco, tendrían “restricciones severas, como impedir su intervención en actividades permanentes y limitar al 10 % los trabajadores en misión, medidas que el Congreso negó explícitamente”, enfatizó el gremio de comerciantes.
En vacancia judicial
Según advierte Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “resulta especialmente preocupante que se pretenda expedir estos decretos durante la vacancia judicial y a pocos meses de las elecciones, circunstancias que dificultan un control inmediato por parte del Consejo de Estado y permiten que normas sin sustento legal entren en vigencia, alterando el marco laboral del país en un momento de alta sensibilidad económica y política".