La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció la mañana de este 9 de abril sobre el inicio de una investigación contra una reconocida cadena de almacenes de bajo costo en Colombia, tras la detección de una presunta vulneración de los derechos de consumidores.

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se habrían vulnerado los derechos de los consumidores en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico.

Estas fueron las razones por las que se abrió una investigación a D1. Foto: SEMANA (Carol Flechas)

Indican que la decisión se adoptó tras el análisis de unas 13.000 quejas que fueron presentadas por consumidores ante la investigada durante el segundo semestre de 2024, así como de las actuaciones administrativas adelantadas por la entidad, las cuales requirieron información y revisión de documentación aportada en la etapa preliminar.

Inspecciones a medios de comunicación sobre acoso sexual: el turno fue para RCN Tv; esto halló MinTrabajo

Este análisis reportó varias irregularidades, como:

  • Hallazgos de fallas en sistemas de pagos electrónico, lo que habría generado un doble cobro o impedido la correcta finalización de transacciones.
Detectaron varias anomalías. Foto: Alejandro Acosta
  • Entrega de productos en mal estado o vencidos, evidenciando unas 700 quejas por posibles incumplimientos en los estándares de calidad e idoneidad.
  • Incumplimientos en la entrega de pedidos, con al menos 1.200 casos reportados por entregas incompletas, tardías o no realizadas o canceladas.
Estos son los productos que podrían llegar a Estados Unidos por la imposición de aranceles del 50% por parte de Ecuador
  • Un caso de publicidad engañosa, al ofrecer productos con precios o descuentos que no coincidían con los efectivamente aplicados, lo que podía inducir al error a los consumidores.
  • Omisión de la información esencial en promociones, al no informar de manera completa las condiciones relevantes como lo son las restricciones de la oferta o también la disponibilidad de unidades.
Dichas irregularidades habrían afectado los derechos de los consumidores. Foto: Alejandro Acosta

“La formulación de cargos no constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada. En el curso de la actuación administrativa se garantizará plenamente el derecho de defensa y contradicción de la sociedad”, indicó el organismo.

Hasta el momento de publicación de este contenido, D1 no se ha pronunciado sobre la decisión de la SIC.