En representación de los comerciantes, el gremio Fenalco interpuso una demanda contra el decreto que emitió el Ministerio de Trabajo según el cual se podrían crear megasindicatos por sectores, que llevarían inclusive a que trabajadores que no quieren pertenecer a ellos tengan que pagar de manera obligada la afiliación.
Para Fenalco, el decreto no fue hecho para reglamentar la ley, sino para reemplazarla, lo que, a todas luces, no se puede dejar pasar.
“El Gobierno está legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva, desconociendo abiertamente al Congreso y alterando las reglas del juego para empresas y trabajadores”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de la organización gremial.
Entre la argumentación de Fenalco, el contenido del mencionado decreto es grave, ya que reproduce contenidos normativos que fueron expresamente excluidos por el Congreso de la República cuando se debatió la reforma laboral.
Fenalco advierte que el decreto “impone un modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, con unidad de pliego, mesa y convención, que no existe en la legislación vigente. Esta configuración redefine estructuralmente el sistema de relaciones laborales en el país”, señaló el dirigente gremial.
Otro de los problemas de la norma, según advierte Fenalco, es que con el contenido del decreto, se imponen nuevas obligaciones a los empleadores, particularmente en materia de suministro de información económica y estratégica.
Para el gremio, eso estaría afectando la libertad de empresa y el derecho a la protección del secreto empresarial. “El decreto obliga a las empresas a revelar información sensible sin que exista una ley que lo autorice. Esto genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la competitividad del tejido empresarial”, señala Cabal.
Hay que señalar que el decreto que ahora entra a un proceso judicial es el 0234 emitido este año, en el cual se habla de una negociación colectiva sectorial.
Implica que las agremiaciones sindicales podrán negociar condiciones laborales para todo un sector económico y no solo por empresa.
Desde la perspectiva del gobierno, lo que se busca con la medida es fortalecer la negociación colectiva según las políticas de la Ocde, organización de países con buenas prácticas, al que pertenece Colombia.
La polémica que ha desatado la medida en Colombia se debe principalmente a los impactos que podría generar, y que impactarían principalmente a las Mipymes: micro, pequeñas y medianas empresas.
Para Fenalco, entre tanto, se crea una nueva carga económica para los trabajadores no sindicalizados, derivada de convenciones colectivas sectoriales. En tal sentido, los comerciantes piden la declaratoria de nulidad del mencionado decreto, pues, para los trabajadores, se estarían rompiendo los principios básicos del sistema democrático y del derecho laboral.
Es por ello que el gremio empresarial estima que el decreto “desborda la potestad reglamentaria”, y tiene otras aristas, como la creación de nuevas reglas de juego para la negociación colectiva, la afectación de los derechos fundamentales, y el salto por encima de lo institucional, pues dichas normas deben pasar por el Congreso de la República.
Mientras se resuelve la acción jurídica, Fenalco pide que se aplique una suspensión provisional ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como ya ocurrió con otras de las normas expedidas por el Ejecutivo, que tenían fuerza de ley.