El pasado 29 de abril, y después de más de dos décadas de operación, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) —conformada por Claro, Movistar y Tigo UNE— inició su proceso de liquidación por decisión de la junta de sus asociados.
La transformación tecnológica y la evolución del ecosistema digital fueron parte de sus argumentos. Pero también hubo uno clave: la consolidación del mercado. Este ha sido uno de los coletazos que se generó tras la expansión de Millicom en Colombia, que se quedó con la participación tanto de Movistar como con la de la Nación, en Colombia Telecomunicaciones y con las acciones de EPM en Tigo UNE, operaciones que integrará para convertirse en uno de los jugadores más grandes del sector de telecomunicaciones, a tal punto que para algunos se ha creado un duopolio, en el que este nuevo jugador y Claro tendrán la mayor participación del mercado, cercana al 90 %.
Pero no fue el único. A juicio, incluso, del mismo Gobierno, una de las señales que se generó por la integración, se dio en los primeros días de abril, cuando se conoció la cifra de inflación de marzo. El sector, tradicionalmente deflacionario en los últimos años, para ese mes registró un incremento en sus precios de cerca del 3 %.
El presidente Gustavo Petro sugirió que el aumento pudo ser “por la fusión entre Tigo y Movistar y seguido por las otras operadoras de celulares”, hecho que en su momento el mandatario calificó de “irregular y lesivo a los consumidores”.
Sin embargo, en la inflación de abril, el sector volvió a retomar la senda de precios sin crecimiento, incluso cayendo, al registrar el sector de información y comunicación de -0,05 %.
También se han anticipado movidas empresariales como la integración que se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la que Claro se quedaría con la infraestructura de fibra óptica de Azteca Comunicaciones y Total Play, consolidando una red en más de 900 municipios del país.
Y se espera que se den otros movimientos en materia de infraestructura, como, por ejemplo, entre operadores de torres de telecomunicaciones.
En medio de estas situaciones y tras la operación de Millicom en Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) sacó para comentarios un polémico decreto para administrar uno de los activos más valiosos del sector: el espectro, la autopista por donde corre internet y los servicios móviles.
En él, el MinTIC autoriza que los topes máximos de espectro radioeléctrico puedan ser modificados por esta cartera mediante resolución.
De acuerdo con consideraciones de algunos expertos, por un lado, la facultad de modificar los topes de espectro deja de estar en cabeza del presidente —vía decreto— y pasa a ser una atribución del MinTIC —vía resolución ministerial—; y, por otro, la nueva política sectorial introduce “mecanismos flexibles” de asignación, es decir, fast track.
El congresista electo Mauricio Toro, a través de su cuenta de X, le mandó un mensaje al presidente Petro y le dijo que “debe poner la lupa” en el borrador de decreto del MinTIC. A su juicio, la ministra Carina Murcia, “pretende asumir poderes (que hoy son presidenciales) para aumentar los límites del espectro electromagnético para los operadores, a su antojo. Lo que hoy debe hacerse por decreto presidencial, ahora la ministra quiere que sea su potestad mediante resolución ministerial, lo que significa menos control y menos supervisión sobre un activo tan estratégico”, señaló Toro, e incluso anticipó que podría beneficiar a Claro.
De hecho, este pronunciamiento llevó a una respuesta de la ministra Murcia, también en X: “Afirmar que este borrador “elimina los controles” o busca favorecer a un operador específico es incorrecto y desinforma sobre un tema estratégico para el país. El proyecto de ley no elimina la competencia, no elimina la supervisión estatal y no permite decisiones “arbitrarias”. Lo único que propone es modernizar el mecanismo mediante el cual se ajustan los límites del espectro, para que puedan responder con mayor agilidad a los cambios tecnológicos y a las necesidades reales de conectividad de Colombia. Lo que se propone es que los límites se puedan definir mediante resolución del Estado”, señaló.
A esto, Toro respondió y se ratificó: “El decreto SÍ le quita al presidente Gustavo Petro una facultad histórica. Los topes de espectro siempre se han fijado por decreto presidencial. Eso no es capricho: es la potestad reglamentaria que la Constitución puso en cabeza del presidente, no del ministro”.
Agregó que fortalece al dominante. “Y usted sabe perfectamente que Claro es el único operador con la caja y el interés de comprar más espectro. ¿Dónde quedan los usuarios? ¿Cuál es el afán a pocas semanas de terminar el Gobierno?”, se preguntó el electo representante a la Cámara.
Y concluyó: “Si era tan urgente la ‘agilidad’, ¿por qué no lo hicieron antes?”.
Como recuerda un analista del sector, las dos asignaciones más recientes en Colombia —5G en 2023 y 4G en 2019— fueron procesos que demoraron años. Hubo estudios de demanda, valoración técnica del espectro, consultas públicas con la industria, conceptos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la SIC, y diseño de obligaciones de cobertura.
Y, a pesar de que se hizo todo ese proceso, por ejemplo, la más reciente subasta de 5G, de hace un poco más de dos años, no salió como se esperaba porque WOM ha tenido problemas financieros y tuvo que organizar un plan de pagos a largo plazo por las licencias de espectro, y un jugador entrante, como el caso de Telecall, incumplió sus obligaciones tras ganar espectro en la pasada subasta.
“Las promesas de una mayor conectividad y de desarrollos en sectores como la telemedicina y la logística aún no se concretan”, advierte un analista.
Gloria Perdomo, viceministra de Conectividad, explicó que con el decreto que está planteando el ministerio, busca reglamentarlo a través de una resolución para “que sea mucho más rápido y fácil para los operadores optar por tener el espectro. El hecho de que se fije el tope no quiere decir que se asigne el espectro”.
Agregó que con el tope se busca que no se acapare el espectro. ¿Por qué? “Porque cuando se da la libertad de que el que tenga mayor capacidad económica compre espectro, puede ser que haya alguno interesado en tener mucho más espectro para sacar a sus competidores, porque el espectro se me vuelve un bien que me reglamenta y me regula el mercado”.
Perdomo aclaró que los topes obedecen a un análisis que se hace con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), con la CRC y la SIC. ¿Por qué la modificación de los topes no va a estar a nivel de decreto? “Porque la tecnología avanza de manera rápida”, dijo, y señaló que los cambios de los topes por decreto “nos hacen ser un poco más lentos” a la evolución de las necesidades del sector.
“Pero esto no cambia la condición técnica y el análisis que se debe tener para modificar el espectro. Lo que modificamos es la metodología, pero políticamente, en términos técnicos, de análisis de competencia y de análisis del sector, se siguen dando. Eso no lo estamos cambiando, porque es un prerrequisito”, afirmó.
Manifestó que las asignaciones de espectro siguen teniendo el proceso de subasta y son potestad del ministerio, con el análisis de las entidades del sector y de la misma cartera. “Estos procesos normalmente toman seis meses, un año y hasta dos”.
Y agregó: “¿Qué queremos? ¿Que sea más rápido? Sí. ¿Que seamos más oportunos? Sí. Porque la tecnología avanza y se requieren nuevos servicios”.
Sin embargo, hay otras visiones. Como advierte el expresidente de una empresa de telecomunicaciones, el problema central no son los topes, sino los precios de reserva. “La discusión de si es o no por decreto, en mi concepto, no existe restricción legal para que tenga que hacerse solo por vía de decreto; obvio, debe existir el marco que desarrolle la facultad del Presidente y pueda hacerse vía resoluciones. El punto de fondo es seguridad jurídica. Si queda un decreto que recoja la política pública, permite crear certidumbre del marco de disponibilidad del espectro y asignación; evita que se use con una visión fiscalista para cubrir el déficit del fondo que hay actualmente”, señaló.
Calificó de “positivo” flexibilizar los topes, especialmente de cara al 5G. “Pero el punto de fondo es para qué quiero poner más espectro en el mercado y a qué precio. Dejar precios de reserva hace que se vuelvan mecanismos de recaudo, más si se tiene en cuenta que el espectro en América Latina ha incrementado su precio en más del 60 % en la última década.
El experto advirtió que el reto es que esa política de espectro sea clave con el objetivo de conectar cada vez más y mejor a los colombianos. “Espectro a precios altos no incentiva la inversión, restringe mayor cobertura y puede generar presión en los precios a los usuarios”, dijo y recordó la historia reciente con empresas que entran en procesos de asignación, acaparan un recurso escaso y luego no lo pueden pagar ni invierten en mayor conectividad.
En su opinión, antes de finalizar la discusión sobre topes, el ministerio debe enviar una señal clara al mercado de que el principio rector, tal como recomienda la OCDE, será la maximización del bienestar social, lo que implica precios razonables que habiliten la inversión. “Los procesos flexibles no pueden ir en contra de la transparencia y objetividad para la asignación del espectro”, advierte.
Frente a la compartición de espectro, que está en estudio, que permite a los titulares de permisos de uso del espectro facilitar el acceso a este recurso a otros actores, como proveedores de internet o comunidades organizadas, sin transferir la titularidad del mismo, el experto precisó: “Creo que la propuesta no es tan viable si no incorpora incentivos claros y responsabilidad equilibrada. El agente que accede debe asumir obligaciones proporcionales en calidad, reportes, interferencias y cargas económicas. Debe promover un marco de libre negociación, pero imponer una compartición obligatoria desnaturaliza el modelo, castiga la inversión realizada y se asemeja a una expropiación regulatoria del recurso. El rol del ministerio debe ser de facilitador, no de impositor de acuerdos. El punto de llegada en esto es tener en Colombia un mercado secundario de espectro donde los operadores puedan arrendar, ceder o intercambiar bloques de espectro de forma dinámica; es el mecanismo más eficiente para maximizar el uso de este recurso escaso”.
Un exdirector de la CRC señala que, en este nuevo escenario, con pocos agentes y las experiencias recientes, como el caso de Telecall, “pues no tiene cómo crecer el mercado si no va a entrar alguien más. Y eso justifica que se suba el tope de espectro. Entonces, técnicamente, en mi opinión, independientemente de los conceptos, creo que es lo que toca”.
Se abre así un nuevo capítulo en el sector de telecomunicaciones, luego del revolcón que ha generado la consolidación de Millicom.