Las telecomunicaciones son cada vez más relevantes en la economía nacional, pues constituyen la base para la digitalización y la conectividad. Sin embargo, hoy son uno de los sectores con peor desempeño.
Al cierre de 2025, de las 13 actividades con las que se calcula el PIB, solo la explotación de minas y canteras y la construcción (ambas afectadas por políticas del actual Gobierno) terminaron con un dato negativo. La tercera con el resultado más débil fue información y comunicaciones, que apenas creció 1 por ciento en el año y se contrajo 1,2 por ciento en el cuarto trimestre.
En ese grupo están las telecomunicaciones y las actividades de tecnología de la información, así como la producción y distribución de contenidos, y, aunque el Dane no presenta las cifras desagregadas, es claro que el segmento más grande y representativo es el que tiene que ver con los servicios de telefonía fija y móvil, así como la transmisión de datos e internet. No en vano, al cierre del tercer trimestre de 2025, el país registraba 10,25 millones de accesos fijos a la red de redes y 49,1 millones de accesos móviles, así como 95,8 millones de líneas de celular (casi que un promedio de dos por habitante).
Es una industria gigante, que, sin embargo, tiene cada vez menos ingresos operacionales. Un informe del MinTIC señala que el tráfico de voz en telefonía móvil pasó de facturar 543.000 millones de pesos en el primer trimestre de 2023 a 424.000 millones en el tercero de 2025.
Suena paradójico que, al mismo tiempo que crece la demanda por datos y acceso a telefonía celular, los ingresos del sector van a la baja y las explicaciones son varias. Van desde el reacomodo del mercado por la fusión entre Movistar y Tigo, pasando por una problemática licitación de tecnología 5G, hasta una fuerte caída en los precios del servicio, que hace el negocio menos rentable.
La mencionada fusión, que arrancó hace más de un año, generó temores entre quienes consideran que está llevando a una fuerte concentración del mercado, que de cuatro operadores relevantes pasó a dos muy grandes (Claro y Tigo-Movistar), con más del 80 por ciento del negocio, y uno pequeño, WOM.
A esto se suman las preocupaciones por el impacto en el mercado laboral, pues, como ocurre en muchas fusiones, no se descartan grandes recortes de personal. El Ministerio de Trabajo anunció que vigilará de cerca el plan de retiro voluntario de los empleados de Telefónica Colombia (Coltel).
Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, consultora de telecomunicaciones, señala que es habitual que con las fusiones empresariales se presenten reducciones de personal, pero que esta vez es más dramático porque el modelo de Telefónica es de estructuras muy robustas, con funcionarios muy bien pagados, con aviones privados, edificios propios y millonarias campañas de mercadotecnia. Dicho modelo no es el que maneja Millicom (dueño de Tigo), el cual, a su vez, está en una onda que podría llamarse de low cost y que aplican otros operadores latinoamericanos. En este esquema todo es rentado, con bajos costos y estructuras simples y eficientes.
A su juicio, la fusión era un paso necesario para Colombia. En la mayoría de los países, salvo Europa, hay pocos operadores —Brasil, China y Estados Unidos tienen tres, y México, dos— porque en telecomunicaciones se busca mayor escala para invertir más. En Colombia, en cambio, las inversiones avanzan lentamente y el ingreso promedio por usuario es el más bajo de América Latina.
Paralelamente, se conoció otra fusión que viene en camino: Claro presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud para integrar activos de Azteca Comunicaciones Colombia y Total Play Comunicaciones Colombia, que incluyen una red de fibra óptica y servicios de banda ancha y televisión.
Grave retraso
En este punto aparece otro de los grandes dolores actuales del sector y es la licitación para ofrecer tecnología 5G, que se realizó en 2023, y que no solo obtuvo un ingreso inferior al esperado —la proyección oficial era de 3,3 billones de pesos, pero solo obtuvieron 1,5 billones—, sino que le asignó una parte del espectro a un operador nuevo de origen brasileño llamado TeleCall, el cual aún no ha empezado el despliegue de su red en Colombia.
A TeleCall se le asignó un bloque del espectro 5G por 318.333 millones de pesos (los otros bloques los tienen Claro, WOM y Tigo-Movistar), pero por su incumplimiento en 2024 y 2025, el MinTIC inició dos actuaciones administrativas en su contra. En junio de 2025, el ministerio declaró incumplida la obligación y ordenó hacer exigible la garantía por más de 64.000 millones a Seguros del Estado, la otorgante de la póliza del operador. Sin embargo, en febrero de 2026, la misma cartera expidió la Resolución 0611, que revocó la resolución que declaraba el incumplimiento de TeleCall, así como el cobro de la póliza.
En el MinTIC aseguran que a TeleCall no se le ha impuesto una sanción porque está en curso un proceso de investigación en el marco de las etapas establecidas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero que, independientemente de esa situación, el despliegue de las redes 5G en el país se inició en febrero de 2024 y avanza de manera progresiva, comenzando por las principales ciudades, en línea con las prácticas internacionales. “Durante el primer año de ejecución, los operadores superaron ampliamente las metas iniciales previstas, alcanzando más de 1.100 estaciones base 5G al cierre de febrero de 2025. Posteriormente, al cuarto trimestre de 2025, se reportaron más de 3.000 estaciones base activas, concentradas principalmente en zonas urbanas de alta demanda, lo cual constituye una fase natural previa a la expansión hacia ciudades intermedias y territorios con menor densidad poblacional”, afirman en la cartera que lidera Carina Murcia.
Sergio Martínez Medina, experto en telecomunicaciones, tiene otra visión y dice que el Gobierno no ha podido hacer efectivas esas cláusulas por temas de procedimiento, es decir, porque el MinTIC no hizo bien el proceso. “Desafortunadamente, en este Gobierno tenemos una debilidad institucional muy grande en MinTIC que se refleja en este caso. Me sorprendió mucho la noticia reciente de que, con recursos del fondo de comunicaciones, que deben ser para la conectividad, para llevar red a las zonas rurales, ahora se financian películas y se les paga el sueldo a actores extranjeros”, expresa.
Negrete señala que hoy la soberanía digital depende de las inversiones, y que el 5G exige enormes recursos, dado que requiere 20 veces más fibra óptica y radiobases. Además, en la subasta en Colombia se entregaron bloques de 80 MHz —no de 100, como en otros países—, mermando las posibilidades de innovación.
Martínez explica que la demora en el despliegue de 5G tiene también implicaciones en otros eslabones de la cadena, como la instalación de antenas y torres, en donde compiten otras empresas que probablemente hace tres años vieron una oportunidad y decidieron invertir, pero ahora están en problemas, porque hay menos demanda de sus servicios.
A lo anterior se suma un proceso de caída en los precios de las tarifas de telecomunicaciones, que se han convertido en uno de los rubros deflacionarios de la canasta familiar. La inflación a febrero de 2026 fue de 5,29 por ciento, mientras que los precios de los servicios de comunicación fija y móvil, así como la provisión de internet, solo subieron 2,56 por ciento. “Esto es bueno para los usuarios ya conectados porque tuvieron tarifas bajas, pero malo para los que están en la ruralidad y en áreas no conectadas, porque no se pudo expandir más la tecnología a todo el país”, advierte Negrete.