Durante la mañana de este 25 de marzo, el Grupo de Energía de Bogotá remitió una solicitud de vigilancia preventiva frente al proceso de reforma estatutaria de la Electrificadora del Meta (EMSA), que sería adelantado por el mayor accionista de la empresa, que es el Gobierno Nacional.
El Grupo de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo una propuesta de modificación de los estatutos sociales de EMSA. Sin embargo precisan que esta propuesta suscita una seria preocupación, en la medida en que contrarían los principios de transparencia, objetividad, neutralidad y moralidad administrativa y configuran un ejercicio abusivo de la posición mayoritaria del accionista estatal en perjuicio de los derechos de los accionistas minoritarios.
“Junto a lo anterior, las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público constituyen un debilitamiento estructural del gobierno corporativo de EMSA, como empresa de servicios públicos – de mayoría estatal-, esencial para el desarrollo de la región del Meta y departamentos aledaños, así como para el bienestar de sus habitante", indican en la carta remitida al Ministerio Público.
Solicitaron a la Procuraduría la intervención para ejercer su función de vigilancia preventiva, y de ser el caso, investigue las conductas de los funcionarios públicos del ministerio que actúen o promuevan reformas que se encuentren en desconocimiento de los principios que rigen la actuación administrativa de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y ss de la Ley 1952 de 2019 y de los Arts 209, 277 y 278 de la Constitución Política.
En la carta a la opinión pública, el GEB dice que no se trata de un simple ajuste administrativo, dado que podría ser un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los accionistas minoritarios, en términos de garantizar un trato equitativo, la igualdad en el acceso a la información y la participación efectiva en las decisiones corporativas fundamentales.
“Esto no es un asunto menor, por cuanto el accionista mayoritario tiene la posibilidad de aprobar la reforma propuesta sin contar con el voto de los demás accionistas, pues representa más del 55%. Esto significa un control potencial del accionista mayoritario que afecta el balance que la Empresa requiere y afecta los derechos de los accionistas minoritarios”, precisa.