La fusión de Tigo y Movistar en Colombia para crear un nuevo operador de telecomunicaciones finalmente fue avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La decisión era esperada por todos los jugadores de este mercado, en especial de WOM, multinacional que ha insistido en que es una movida que va en contra de la competencia y que dejaría al país con un duopolio.
Este proceso implica que Millicom, dueña de Tigo, adquiriría la participación estatal y de otros socios en Movistar para consolidar el control de ambas compañías. De esta manera, expertos del sector señalan que Claro y la nueva firma fusionada quedarían con el 90 % del mercado.
Desde Movistar informaron que este proceso se viene adelantando desde 2024 y tiene tres grandes pasos:
- Aprobación de la SIC.
- Cierre del acuerdo de venta de las acciones de la Nación en Movistar a Millicom.
- Cierre del acuerdo de venta de las acciones de EPM en Tigo a Millicom.
“Si bien este es un paso muy relevante en el proceso, aún faltan etapas y seguimos siendo dos empresas competidoras e independientes. Por ahora, estamos analizando los detalles de la resolución”, precisa la empresa en un comunicado.
Los peros
Esta transacción, valorada en cerca de 400 millones de dólares, tiene en vilo la operación de WOM en el país, pues quedaría en condiciones de desventaja, en especial por las tarifas de roaming nacional.
Stan Chudnovsky, uno de los socios del fondo Sur Holdings, que es hoy el propietario de WOM, aseguró que es una medida que se tomó sin tener en cuenta a los pequeños operadores y que, probablemente, impactará los precios, afectando en especial a los usuarios de estratos 1 y 2.
Aunque señaló que no tiene claridad sobre el impacto de la fusión sobre los precios, recordó que tras la llegada de WOM en 2021, las tarifas bajaron en 20 %.
Con respecto a si esta movida podría llevar a que decidan irse del país, Chudnovsky señaló que tras haber invertido este año 40 millones de dólares en Colombia, están mirando todas las opciones, al tiempo que insistió en la necesidad de proteger la competencia.
Argumentos y riesgos
Según la SIC, para tomar la decisión se identificaron cuatro riesgos, algunos de ellos técnicos y otros comerciales: el funcionamiento coordinado de los núcleos de red, el intercambio de información sensible, la modificación injustificada de relaciones comerciales con los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que usan Roaming Automático Nacional (RAN), y los posibles incentivos para reducir cobertura y calidad en zonas alejadas.
Frente al primer aspecto, la SIC determinó que, a pesar de que las compañías fusionadas afirmaron que la operación no incluiría la compartición del core ni de los elementos técnicos que los componen, la entidad advirtió que, en la práctica, la materialización de la operación podría facilitar escenarios de coordinación entre estos elementos, afectando la competencia.
Para resolver esta preocupación, estableció el condicionamiento consistente en que las empresas debían garantizar la separación técnica permanente de sus núcleos de red y del Network ID. Así mismo, debían enviar una explicación técnica inicial en tres meses y certificaciones semestrales expedidas por un auditor experto independiente, seleccionado mediante un procedimiento objetivo
Con respecto a los riesgos asociados al intercambio de información por medio de los vehículos societarios y contractuales relacionados con la operación, se identificó como riesgo la posibilidad de que Movistar y Tigo eventualmente utilicen los vehículos creados para la operación —la sociedad NetCo y la UT— como canales para intercambiar información sensible y desarrollar comportamientos coordinados en el mercado.
La Superintendencia consideró que la estructura de NetCo y la UT no era suficiente por sí sola para prevenir el uso indebido de canales de información que pudieran derivar en prácticas anticompetitivas. Por ello, para resolver esta preocupación, las empresas deben adoptar compromisos de gobernanza, incluyendo la creación de un manual de buen gobierno y la implementación de protocolos de manejo de información. “Se establecieron lineamientos para la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva, el Representante Legal, la Dirección de Cumplimiento y el personal, a fin de evitar el intercambio de información sensible. Además, se exigió la administración transparente de conflictos de interés y la presentación de informes semestrales sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno”, señala la resolución.
Ante los denominados riesgos verticales relacionados con los OMV y el RAN, estos estuvieron relacionados con posibles afectaciones al acceso de competidores a los mercados mayoristas, especialmente para los OMV y los PRST que requieren RAN. Aunque la operación no modificaba directamente la participación de Movistar y Tigo en dichos mercados, existía el riesgo de que, al compartir la red de acceso a través de NetCo, las empresas de la fusión tuvieran incentivos para obstaculizar el acceso de terceros a sus redes o elevar injustificadamente los costos de uso e interconexión. En particular, la Superintendencia advirtió el riesgo de que pudieran restringir el acceso o modificar de forma arbitraria los acuerdos comerciales con OMV y PRST, afectando negativamente la competencia.