El Ministerio de Salud y Protección Social aclaró que la Resolución 0900 de 2026 no modifica la destinación de los recursos públicos para el sector salud ni impone nuevas restricciones para su ejecución.
Según la entidad, la medida busca fortalecer y actualizar los mecanismos de seguimiento, verificación y cierre de la ejecución de los recursos transferidos a entidades territoriales, hospitales públicos y demás beneficiarios.
De acuerdo con la cartera de salud, la resolución expedida el 7 de mayo de 2026 actualiza disposiciones previamente establecidas en las resoluciones 2361 de 2016 y 737 de 2024.
Medidas contempladas en la resolución
El objetivo principal es mejorar la trazabilidad, integridad y consistencia de la información reportada a través de la plataforma PISIS, además de optimizar los procesos de control, rendición de cuentas y cierre de recursos asignados.
Entre las principales medidas contempladas se encuentra la actualización de los soportes documentales que deberán presentar las entidades beneficiarias. Estos incluyen actos administrativos de incorporación presupuestal, contratos, actas de ejecución, informes técnicos y financieros, soportes de reintegro de recursos no ejecutados y certificaciones suscritas por representantes legales, contadores y revisores fiscales.
El Ministerio enfatizó que estas certificaciones buscan garantizar que la información reportada corresponda efectivamente a los soportes documentales y financieros existentes en cada entidad, así como asegurar que los recursos públicos sean ejecutados conforme a la normatividad vigente.
La cartera de Salud también explicó que los lineamientos técnicos deberán ajustarse a la naturaleza y destinación específica de cada asignación
“Para proyectos de infraestructura, dotación, transporte asistencial, tecnologías de la información y telemedicina, los criterios de ejecución deberán corresponder a los contenidos de los proyectos previamente viabilizados”, señala MinSalud.
Otro de los puntos destacados de la resolución es el fortalecimiento de las obligaciones relacionadas con la conservación, custodia y disponibilidad de los documentos vinculados a la ejecución de recursos públicos, en concordancia con las disposiciones del Archivo General de la Nación y las normas de responsabilidad fiscal.
El Ministerio aclaró que la norma aplicará para las asignaciones de recursos realizadas a partir de la expedición de la resolución y para procesos de seguimiento que aún no cuenten con acta o informe final de cierre. No obstante, precisó que no afectará transferencias cuyos procesos de revisión o validación ya hayan concluido.