El Ministerio del Trabajo informó que ha intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control para prevenir y sancionar posibles casos de constreñimiento electoral en entornos laborales durante el actual proceso electoral.
Según la entidad, a la fecha se han recibido 57 denuncias y alertas relacionadas con presuntas presiones a trabajadores para influir en el sentido de su voto.
De acuerdo con la cartera laboral, las denuncias han sido recibidas a través de diferentes canales de atención, incluidas las redes sociales. Tras los reportes, inspectores y direcciones territoriales desplegaron operativos de verificación en distintas zonas del país con el fin de establecer la ocurrencia de los hechos denunciados.
Como resultado de estas actuaciones, el Ministerio señaló que se han emitido siete medidas preventivas de cumplimiento inmediato dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores y exigir el cese de posibles actos de coacción o intimidación. Las medidas han involucrado a cuatro empresas del sector salud, una empresa de carbón, una empresa de apuestas y una universidad pública.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “el constreñimiento electoral en el trabajo no solo es un delito penal, es un abuso inaceptable del poder”.
Agregó que “el contrato de trabajo faculta al empleador para exigir el cumplimiento de labores, pero esa subordinación tiene un límite estricto: nadie tiene poder sobre la vida íntima, la ideología, ni el voto de un trabajador”.
La entidad recordó que el Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los empleadores autorizar, promover o tolerar propaganda política en los lugares de trabajo. Asimismo, advirtió sobre prácticas como el denominado “pánico corporativo”, relacionado con amenazas de despido ante un eventual resultado electoral; el “bloqueo logístico”, que consiste en modificar turnos para impedir la participación en las elecciones; y la denominada “vigilancia del voto”.
Según el Ministerio, este tipo de conductas constituyen infracciones a la normativa laboral y pueden dar lugar a investigaciones y sanciones. La cartera precisó que las empresas o entidades que vulneren el derecho al voto libre de sus trabajadores podrán ser objeto de actuaciones en los ámbitos penal y administrativo, así como disciplinario cuando se trate de entidades públicas.
Finalmente, el Ministerio del Trabajo indicó que continuará trasladando los hallazgos a las autoridades penales, disciplinarias y electorales competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes. La entidad reiteró que la protección del derecho al voto y de las libertades individuales de los trabajadores seguirá siendo objeto de seguimiento durante el proceso electoral.