La Superintendencia de Sociedades admitió formalmente a Legis Editores S. A., la reconocida editorial jurídica, en un proceso de reorganización empresarial, tras revocar el rechazo inicial emitido el pasado 16 de octubre, que se debió a una falla técnica en el sistema documental de la entidad.
El objetivo principal de Legis al acogerse a este marco legal es evitar el colapso financiero, mantener su operación y proteger sus activos valorados en $34.180 millones.
¿Cómo llegó a números rojos?
La editorial entró en cesación de pagos tras acumular facturas vencidas por más de 90 días por un monto de $2.673 millones, las cuales representan el 11 % de su pasivo total. Además, enfrenta al menos dos procesos judiciales de ejecución por $3.579 millones.
A esto se suma que, de acuerdo con lo estipulado por la ley de insolvencia, antes de pactar un acuerdo con los acreedores privados, Legis debe pagar $2.909 millones en impuestos, $533 millones en aportes a la seguridad social y $44 millones adeudados a sus trabajadores.
La inevitable transformación del negocio editorial
Fundada en 1974 como LEC Editores y rebautizada en 1975 como Legis Editores, esta firma colombiana se convirtió en un referente histórico de las publicaciones jurídicas en papel.
Sin embargo, ante el avance de las nuevas herramientas digitales, la editorial atraviesa un costoso giro estratégico hacia el desarrollo de software, algoritmos, inteligencia artificial, robotización (RPA), minería de datos y comercio electrónico.
Pese a los problemas de caja que enfrenta la compañía, las cifras muestran que no está necesariamente quebrada. De hecho, Legis reportó activos totales por $34.180 millones con corte al 31 de julio de 2026, fecha en la que inició este trámite.
¿Qué sigue para Legis Editores?
A partir de la admisión al proceso bajo la Ley 1116 por parte de la Superintendencia de Sociedades, se suspenden y prohíben nuevas demandas de ejecución o embargos en su contra.
Asimismo, la empresa quedará bajo un estricto control operativo que le prohíbe vender bienes clave, otorgar garantías o pagar deudas anteriores sin la autorización previa del juez del concurso.
Con esta decisión, la administración de Legis tendrá un plazo de dos meses para radicar el inventario de bienes, la calificación de sus créditos y la proyección del flujo de caja necesario para su recuperación.
Esta solicitud de reorganización coincide con la presentada por otras firmas del sector impreso como Metropolitan Printer, que entró al mismo proceso tras acumular pasivos por $27.850 millones y una pesada carga derivada de infraestructura improductiva.