Durante la mañana de este 2 de junio, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció tras la formulación de cargos a la empresa Jerónimo Martins Colombia S.A.S., actual propietaria de Tiendas ARA, tras detectar presuntas violaciones a los derechos de los consumidores colombianos.
Fueron varias las anomalías detectadas por el organismo, las cuales fueron reportadas por cerca de 2.000 clientes.
Estas fueron las mencionadas en el comunicado:
Lo primero que detectaron fueron dobles cobros en pagos electrónicos, esto dado que la autoridad del consumidor investigó fallas en los sistemas de pago en las tiendas. Indicaron que entre febrero y julio de 2024 se recibieron unas 825 quejas de clientes que reportaron cobros dobles o repetidos al pagar a través de códigos QR y otros medios digitales. En algunos casos, los clientes tuvieron que pagar dos veces para terminar la transacción.
De otro lado, detectaron una falta de claridad en bonos de recompra entregados en el marco de las garantías, asegurando que cuando los clientes pedían la garantía de un producto y recibían un bono de recompra, la empresa presuntamente no informaba de manera clara, completa y oportuna las condiciones o restricciones de uso. Esta información solo se podía consultar en la página web y no en las tiendas físicas.
Detallaron además que se detectaron diferencias entre el precio anunciado en los estantes y el valor real cobrado en la caja (información pública de precios). Por este motivo, se presentaron 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025.
Indicaron que la autoridad también investiga si el comercio entregó mal las vueltas a los usuarios o realizó cobros por “donaciones” o “redondeos” sin autorización previa. La entidad evalúa además si la información entregada sobre los mecanismos para entregar premios en sus dinámicas promocionales fue clara y cumplió con las normas vigentes.
“Este pliego de cargos determina el inicio de la investigación, por lo que Tiendas ARA tendrá el derecho de defenderse, presentar sus argumentos y aportar las pruebas que considere necesarias”, concluyó la SIC.