En la mañana de este miércoles, 4 de marzo, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, anunció el inicio de una investigación administrativa en contra de la reconocida cadena de farmacias Farmatodo.

Indagan una posible infracción al Estatuto del Consumidor relacionada con posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto.

Farmatodo será investigada. Foto: Foto: Farmatodo

La SIC indica que a la conclusión se llegó luego de analizar una serie de quejas y de adelantar actuaciones de oficio, lo que implicó la revisión del contenido del portal web de la compañía.

Se resalta que durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025 se registraron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos de los consumidores relacionados con dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados contra esta compañía.

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La entidad formuló un pliego de cargos a Farmatodo, luego del análisis de las múltiples reclamaciones presentadas. Estos fueron los aspectos anómalos.

Posibles fallas en la calidad del servicio de pago

Precisan que estas habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, con la consecuente vulneración del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad.

Esto es lo que dijo el organismo de vigilancia. Foto: Cortesía - Presidencia de la República

Presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos productos

Precisa que esto podría desconocer la obligación legal de respetar el precio anunciado al público en algunos productos.

Presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto

Aseguró que Farmatodo habría exigido a los consumidores la presentación de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto, lo que devendría en la imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del Consumidor.

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Precisa que la Dirección dio inicio formal a la investigación y garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada, que podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa.

Son varias las anomalías. Foto: 123RF

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