Solo 6 de cada 100 colombianos tienen un seguro voluntario para el que es el mayor patrimonio para buena parte de los hogares: la vivienda.

Así se evidencia en un informe realizado por la empresa Mapfre, relacionada con el seguro de hogar voluntario, que protege contra eventos como incendios, explosiones, fallas eléctricas, robos, hurto calificado, terremotos, vendavales e inundaciones, responsabilidad civil y asistencias domiciliarias para emergencias domésticas.

El asunto no es menor, pero en Colombia, el avance de la cultura del aseguramiento se relaciona más con la obligatoriedad que con la decisión de querer proteger el bien inmueble.

Vivienda urbana. Foto ilustrativa | Foto: Alcaldía de Cali

No en vano, de acuerdo con las estadísticas suministradas por Mapfre, “si se suman los seguros ligados a créditos hipotecarios, la cobertura sube alrededor del 30 % de viviendas urbanas con financiamiento”.

El documento, que recoge varias de las cifras registradas por Fasecolda, gremio de aseguradoras, afirma que más del 70 % de las pólizas de hogar están atadas a hipotecas, lo que implica que no son adquiridas de forma voluntaria.

La obligatoriedad para el aseguramiento del hogar fue establecida en el numeral 1 del artículo 101 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Allí se indica que “los inmuebles de propiedad de las entidades sometidas al control de la Superintendencia Financiera y aquellos que les sean hipotecados para garantizar créditos que tengan o lleguen a tener a su favor, deberán asegurarse contra los riesgos de incendio y terremoto, en su parte destructible, por su valor comercial y durante la vigencia del crédito al que accede, en su caso”.

Atendiendo a esa obligatoriedad es que 1,2 millones de viviendas tenían un seguro de hogar voluntario, cifra que, si bien se incrementó con respecto a la medición anterior, que fue en 2023, suena escasa en comparación con la creciente exposición a eventos naturales en el país, como sismos, inundaciones y similares.

Póliza de seguros | Foto: Getty Images

Crece el pago de pólizas

El número de viviendas aseguradas en 2024 totalizó un valor de los inmuebles por $2.323 billones.

Entretanto, las pólizas pagadas por las aseguradoras, en un año con 2023, ascendieron a 1,6 billones de pesos, lo que evidencia el golpe que puede significar para el bolsillo de las familias colombianas la no tenencia de una protección en caso de una eventualidad que ponga en riesgo su patrimonio representado en la vivienda.

¿Dónde se aseguran más?

La cultura del aseguramiento en Colombia está concentrada en algunas regiones.

En el caso del seguro hogar voluntario, sumando el que está ligado a la hipoteca, Bogotá, como la ciudad más poblada del país y, por consiguiente, la que tiene el mayor número de créditos hipotecarios, lleva la delantera. “Concentra alrededor del 40 % de las pólizas de hogar del país”, señala la información de Mapfre.

Por estrato, los que deciden voluntariamente tomar seguros para proteger la vivienda son los habitantes de los estratos 4, 5 y 6. En parte también porque estas franjas de población de la pirámide socioeconómica colombiana pueden tener una disponibilidad de recursos que les permita destinar parte de su ingreso al aseguramiento de su patrimonio.

No obstante, para los estratos 1, 2 y 3, el no meterse en la ola del aseguramiento, por tener menor ingreso, podría causar un efecto más negativo.

Vivienda en Bogotá | Foto: Secretaría de Hábitat

Después de Bogotá, Medellín representa cerca del 18 % al 20 % del mercado del seguro de hogar y Antioquia en total se destaca como el departamento con mayor crecimiento en ese sentido.

La toma de este tipo de seguro, cuando es voluntario, va de la mano con la densidad poblacional. Es así como, Cali aporta entre el 10 % y el 12 % de las primas de hogar.

En general, destaca Mapfre, “la penetración es mayor en ciudades principales, asociada a mayor bancarización, estratos medios/altos y concentración de crédito hipotecario”.

Montarse en la ola de los seguros de hogar, para las familias, puede ser más económico de lo que se calcula a la hora de tomar la decisión de proteger la propiedad contra sismos, incendios y similares.