Colombia sigue atravesando por uno de los momentos más críticos de su historia reciente en el sector salud. Según un diagnóstico y hoja de ruta presentado por Afidro (Asociación de Laboratorios Farmaceúticos de Investigación y Desarrollo) y Proesa (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud), el país enfrenta un déficit estructural que se refleja en barreras de acceso, hospitales asfixiados financieramente, miles de trámites represados y demoras que pueden superar los cinco años en el acceso a medicamentos innovadores. La advertencia es contundente: sin una reforma urgente en la financiación, regulación y acceso a tecnologías, el sistema podría encaminarse hacia una quiebra funcional que afectaría directamente la calidad de vida de los pacientes.
Entre los principales problemas identificados está el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado asigna por cada afiliado para cubrir los servicios de salud. Dentro de la información presentada se destaca:
- Por cada 100 pesos que recibieron las EPS en 2023 y 2024, gastaron 108.
- La deuda del sistema supera los 27 billones de pesos.
- El cálculo oficial utilizó datos incompletos, solo se empleó la información de cuatro EPS que representan apenas el 25 % de la población.
Estos problemas han generado una cadena de consecuencias, donde hay más tutelas, más barreras de acceso, aumento del gasto de bolsillo y un deterioro en la adherencia a tratamientos esenciales. Una de las frases que resaltaron los voceros fue: “Sin una UPC suficiente y bien calculada, el sistema está condenado a la quiebra”.
El cuello de botella que frena el acceso a medicamentos
El segundo gran reto es la crisis operativa del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Actualmente, la entidad enfrenta más de 12.000 trámites represados, procesos manuales, baja digitalización y una reducción presupuestal significativa. Esto se traduce en:
- Demoras promedio superiores a cinco años para aprobar medicamentos ya aprobados en otros países.
- Riesgo en la disponibilidad de fármacos fabricados en Colombia.
- Pérdidas económicas proyectadas de hasta 360 mil millones de pesos y un potencial de 159 mil empleos menos.
Y hablando del acceso a medicamentos, incorporar tecnologías es otro de los puntos críticos. Según el anuncio, entre 2014 y 2024, solo el 3 % de las 403 moléculas aprobadas internacionalmente logró disponibilidad efectiva en Colombia. Para un paciente con cáncer, por ejemplo, los tiempos son dramáticos: cerca de tres a cinco años para la aprobación del Invima y dos años adicionales para su inclusión en el plan de beneficios. Esto da como resultado seis años de espera.
Las propuestas
Afidro y Proesa plantean tres líneas de acción prioritarias que deberían tomar en cuenta los candidatos a la Presidencia el próximo año:
- Una UPC suficiente y técnica:
- Rediseñar la metodología de cálculo con datos completos.
- Crear una mesa técnica con academia, EPS, IPS y sociedades científicas.
- Establecer un fondo de saneamiento para pagar las deudas acumuladas.
- Implementar nuevas fuentes de financiación progresiva.
- Transformación urgente del Invima:
- Digitalizar el 100 % de los procesos regulatorios.
- Reformar la evaluación de medicamentos con expertos independientes.
- Garantizar un presupuesto anual estable.
- Adoptar buenas prácticas regulatorias de agencias como Canadá o Reino Unido.
- Acceso a tecnologías innovadoras basado en valor:
- Diseñar pilotos de negociación para áreas con barreras críticas.
- Revisar la normatividad y procesos para acuerdos de riesgo compartido.
- Evaluar tecnologías con una perspectiva integral (social, económica y terapéutica).
Una ruta posible y viable
Sin duda el diagnóstico que hacen Afidro y Proesa es preocupante, pero plantea una salida clara que es fortalecer la sostenibilidad financiera mediante una modernización de las regulaciones y garantizando que cada peso invertido en salud se traduzca en mejores resultados para los pacientes.
El presidente de Afidro, Ignacio Gaitán, explicó acerca de estas sugerencias: “Estas propuestas nacen del compromiso de aportar a un sistema de salud más sólido, transparente y centrado en las personas. Los primeros cien días del próximo gobierno representan una oportunidad decisiva para alinear instituciones y establecer bases técnicas y regulatorias que fortalezcan la confianza en el sistema. Por eso, desde el sector vemos este momento como una ocasión para sumar con una hoja de ruta rigurosa que trascienda visiones particulares. Este aporte refleja el compromiso de la industria, que más allá de ser generadora de innovación, conocimiento y alianzas, cumple un rol clave en movilizar capacidades hacia un modelo más justo, sostenible y eficiente, con resultados reales para los pacientes”.
La implementación articulada de estas propuestas podría transformar el sistema en los primeros cien días de gobierno. El reto es muy grande, pero también inaplazable, asegurar un sistema de salud que responda a las necesidades reales de los colombianos es el objetivo a lograr.