Las regulaciones complejas, los trámites extensos y las barreras institucionales continúan dificultando que personas y empresas puedan trabajar, producir, invertir y crecer en América Latina, según cinco investigaciones presentadas en el foro regional “LATAM Sin Barreras”, liderado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE).
Los estudios, realizados en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala, muestran diferentes obstáculos. En Colombia, más de 23.400 vendedores informales fueron registrados o caracterizados en Bogotá entre 2001 y 2024, pero apenas un 1 % fue vinculado a programas de inclusión productiva.
En Bolivia, la investigación encontró una relación entre informalidad, baja productividad y limitaciones para el crecimiento de las pequeñas empresas. En El Salvador, pese a que el comercio de bienes y servicios pasó de representar un 49,6 % del PIB en 1990 a un 88,2 % en 2025, solo un 6,2 % de las empresas formales exportó bienes en 2022.
Guatemala enfrenta diferencias entre los tiempos oficiales y los reales: una licencia sanitaria podía tardar entre cinco y ocho meses en 2025, frente a un plazo establecido de 15 a 20 días hábiles. En Argentina, un estudio identificó 150 tributos, 82 de ellos municipales, y señaló el impacto que las cargas pueden tener sobre los pequeños negocios.
Los investigadores señalaron que reconocer un derecho o establecer un procedimiento no garantiza por sí mismo que una oportunidad sea efectiva. Las reglas deben poder entenderse, cumplirse y aplicarse de manera previsible. De acuerdo con el análisis regional, los índices internacionales que miden la libertad económica tampoco siempre reflejan las particularidades de los países latinoamericanos. Por ello, CIPE plantea desarrollar un nuevo marco para analizar las libertades económicas en la región, teniendo en cuenta factores institucionales, jurídicos, económicos y sociales. La propuesta busca complementar la medición tradicional, enfocada en el reconocimiento de estas libertades en normas y leyes, con el análisis de cómo se ejercen en la práctica.
Entre las acciones planteadas están escuchar a quienes desarrollan actividades económicas antes de diseñar o modificar regulaciones, fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones territoriales y simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos. También se propone hacer visibles los requisitos, costos, responsables y tiempos de cada trámite, evaluar el impacto de las nuevas regulaciones y mejorar la coordinación entre entidades y territorios.
El análisis concluye que el debate no se limita a la cantidad de regulación. Una norma puede ser necesaria, pero convertirse en una carga cuando establece procedimientos complejos, exige información repetida, cambia con frecuencia o recibe interpretaciones diferentes. A su vez, la ausencia de reglas claras o de capacidad institucional puede generar incertidumbre para la actividad económica.
El reto identificado por el foro es, en ese sentido, lograr que las reglas cumplan su propósito sin convertirse en barreras innecesarias para la actividad económica, cerrando la distancia entre las normas y las oportunidades para empresas y trabajadores de la región.