Colombia enfrenta un cambio demográfico que podría convertirse en uno de los principales desafíos económicos de las próximas décadas.
Mientras el número de nacimientos continúa disminuyendo, la población adulta mayor gana peso dentro de la estructura poblacional, una combinación que plantea interrogantes sobre la capacidad futura del sistema pensional para financiar las prestaciones de una población que vivirá más años y tendrá, proporcionalmente, menos trabajadores detrás.
Las cifras preliminares del DANE muestran que entre enero y julio de 2026 continuó la reducción de los nacimientos. El organismo publicó el 24 de septiembre las cifras correspondientes a los nacimientos ocurridos y reportados durante ese periodo, información que sirve como insumo para medir la evolución de la fecundidad y los cambios en la estructura poblacional.
El fenómeno adquiere especial relevancia en un momento en que Colombia se prepara para la entrada en operación del nuevo sistema pensional.
La Corte Constitucional determinó en agosto de 2026 que las normas que conforman el sistema y que fueron declaradas exequibles entrarán en vigencia el primero de abril de 2027, otorgando un periodo de preparación a entidades como Colpensiones, el Banco de la República y las administradoras de fondos de pensiones.
Pero una reforma pensional puede modificar las reglas del sistema; no puede, por sí sola, detener una transformación demográfica que ya está en marcha.
SEMANA consultó a Camila Garzón Lozano, abogada en Scola Abogados, para analizar qué significa el envejecimiento de la población para las pensiones y cuáles podrían ser las decisiones que Colombia tendrá que tomar en las próximas décadas.
SEMANA: ¿Qué efecto tendrá la caída sostenida de los nacimientos sobre la relación entre trabajadores cotizantes y pensionados en Colombia durante las próximas dos o tres décadas?
Camila Garzón Lozano (C. G. L.): Las proyecciones demográficas muestran una reducción sostenida de la natalidad y, paralelamente, un aumento de la población adulta mayor. Esta transformación tendrá efectos directos sobre la sostenibilidad del sistema pensional, especialmente sobre los componentes que funcionan bajo esquemas de solidaridad intergeneracional, en los que los aportes de los trabajadores activos contribuyen a financiar las prestaciones de quienes ya están pensionados.
En la medida en que las nuevas generaciones sean menos numerosas, en el futuro habrá una menor cantidad de personas en edad de trabajar y cotizar. Al mismo tiempo, aumentará el número de personas que alcanzarán la edad de pensión y tendrán derecho a recibir prestaciones.
Esto significa que el sistema enfrentará una doble presión: menores ingresos provenientes de las cotizaciones y mayores obligaciones para financiar las pensiones. Por esa razón, el cambio demográfico debe ser considerado como una variable estructural de la política pensional y no solamente como un fenómeno poblacional.
El Estado tendrá que evaluar de manera permanente los recursos que destina al sistema y, eventualmente, adoptar medidas paramétricas y laborales que permitan preservar su sostenibilidad financiera.
SEMANA: ¿Cuánto podría aumentar el aporte que deberá hacer el Presupuesto General de la Nación para financiar las pensiones a medida que la población envejece?
C. G. L.: No es posible establecer actualmente una cifra determinada con certeza. El esfuerzo fiscal dependerá de múltiples variables, entre ellas el crecimiento de la economía, el comportamiento del empleo formal, los niveles salariales, el número de cotizantes, la evolución de la población y las condiciones bajo las cuales se reconozcan y paguen las prestaciones.
Además, el financiamiento del Pilar Solidario requiere recursos públicos y su asignación deberá definirse dentro de las decisiones presupuestales de cada vigencia, teniendo en cuenta las condiciones fiscales del país.
Por eso, el envejecimiento poblacional no necesariamente se traduce en un porcentaje específico adicional del Presupuesto General de la Nación. Lo que sí puede afirmarse es que, si disminuye la relación entre cotizantes y pensionados, aumentará la presión sobre las finanzas públicas si no se adoptan medidas para ampliar la base de trabajadores que realizan aportes y mejorar la capacidad económica del sistema.
SEMANA: ¿La reforma pensional que comenzará a implementarse en 2027 contempla suficientemente el impacto de una población con menos jóvenes y más adultos mayores?
C. G. L.: La reforma reconoce parcialmente este desafío mediante la estructura de pilares y el fortalecimiento de mecanismos de solidaridad financiados con recursos públicos. Sin embargo, la reforma no elimina los efectos que tendrá el cambio demográfico sobre la sostenibilidad del sistema.
El envejecimiento de la población es un proceso de largo plazo. Por eso, aun cuando el nuevo sistema incorpore mecanismos para ampliar la cobertura y atender a personas que actualmente no tienen una protección suficiente para la vejez, será necesario evaluar permanentemente su comportamiento frente a variables como la natalidad, la longevidad, el empleo y la formalidad laboral.
La entrada en vigencia del nuevo sistema está prevista para el primero de abril de 2027, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional para las normas declaradas exequibles. Esto significa que Colombia tendrá que implementar la reforma al mismo tiempo que enfrenta un proceso demográfico que continuará desarrollándose durante las próximas décadas.
SEMANA: ¿Qué variables tendría que modificar Colombia para enfrentar este cambio demográfico: edad de jubilación, semanas cotizadas, nivel de aportes, formalización laboral o productividad?
C. G. L.: El cambio demográfico exige adoptar diferentes medidas, porque la sostenibilidad del sistema no depende de una sola variable.
Entre las principales alternativas se encuentran:
1. Edad de jubilación y semanas de cotización. Un eventual incremento de la edad de jubilación y de las semanas mínimas requeridas permitiría ampliar el tiempo durante el cual las personas permanecen activas y realizan aportes al sistema. Sin embargo, cualquier modificación tendría que considerar las condiciones reales del mercado laboral y las diferencias existentes entre los trabajadores.
2. Formalización laboral. Aumentar el número de trabajadores formales es fundamental. Una mayor base de cotizantes significa mayores ingresos para el sistema y reduce la presión que recae sobre los recursos públicos.
3. Nivel de aportes. También debe evaluarse si las cotizaciones actuales son suficientes para financiar las obligaciones futuras, especialmente en un escenario en el que aumentará la proporción de adultos mayores.
4. Productividad y crecimiento económico. Una economía más productiva puede generar mayores ingresos laborales y tributarios, fortaleciendo la capacidad del Estado para financiar las obligaciones pensionales.
En consecuencia, no existe una única solución. La respuesta debe combinar políticas pensionales, laborales, fiscales y económicas que permitan ampliar la base de cotizantes y fortalecer la capacidad de financiamiento del sistema.
SEMANA: ¿En qué momento la caída de la natalidad dejará de ser principalmente un fenómeno demográfico y comenzará a sentirse de manera relevante en las finanzas del sistema pensional?
C. G. L.: El efecto financiero será más evidente cuando las generaciones menos numerosas lleguen a la edad de incorporarse al mercado laboral. En ese momento, la reducción de los nacimientos que observamos actualmente se traducirá en una menor cantidad de personas potencialmente disponibles para trabajar y cotizar.
El efecto no es inmediato, porque existe un desfase natural entre el momento en que nacen las personas y el momento en que ingresan al mercado laboral. Sin embargo, precisamente por ese desfase, las decisiones deben tomarse con anticipación.
Cuando disminuya la población en edad de trabajar y aumente simultáneamente la población adulta mayor, la relación entre cotizantes y pensionados se deteriorará. Esto puede traducirse en menores ingresos por aportes y mayores necesidades de financiación para las pensiones.
Por eso, el desafío de Colombia no consiste únicamente en implementar una reforma pensional para 2027. También consiste en anticiparse al escenario demográfico de las próximas décadas. Si la base de cotizantes no crece al ritmo necesario, el sistema tendrá que recurrir progresivamente a mayores recursos públicos o adoptar ajustes adicionales para garantizar su sostenibilidad.