Colombia tendrá este lunes, 13 de julio de 2026, el primer puente festivo dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, después de que la Ley 2578 de 2026 incluyera esta conmemoración dentro del listado de festivos nacionales.
Si bien la celebración religiosa tiene lugar cada 9 de julio, la jornada de descanso se trasladó al lunes siguiente, conforme a lo dispuesto por la Ley Emiliani, normativa que permite mover algunos festivos al inicio de la semana para crear fines de semana largos.
Quienes deban trabajar durante esta nueva jornada festiva no perderán el beneficio económico previsto por la legislación laboral.
Desde el pasado 1 de julio de 2026, el recargo por laborar en domingos y festivos aumentó del 80 % al 90 %, en cumplimiento del cronograma de implementación de la reforma laboral, por lo que el pago de ese día deberá liquidarse con el nuevo porcentaje.
El incremento del recargo también se refleja en el valor que reciben los trabajadores por cada hora laborada durante el festivo. Con el aumento al 90 % vigente desde el 1 de julio de 2026, una persona que devenga el salario mínimo y trabaje el lunes 13 de julio tendrá derecho a recibir aproximadamente $15.122 por cada hora diurna laborada.
De esta manera, si un trabajador con salario mínimo cumple una jornada ordinaria de ocho horas durante el nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá, la remuneración correspondiente a ese día será superior a la de una jornada laboral común, gracias al recargo establecido por la reforma laboral.
En caso de que la jornada incluya trabajo nocturno o horas extras, el valor a pagar será mayor, al sumarse los recargos previstos por la legislación vigente.
Hay que añadir que el cumplimiento de este recargo no es opcional para los empleadores. La normativa laboral obliga a reconocer el pago correspondiente a quienes presten sus servicios durante el festivo, por lo que omitir este reconocimiento constituye un incumplimiento de las obligaciones laborales.
En caso de que un trabajador no reciba el pago establecido por la ley, podrá presentar las reclamaciones correspondientes. Además de los procesos que pueden adelantarse ante la jurisdicción laboral, el empleador también se expone a investigaciones y eventuales sanciones por parte de las autoridades competentes, de acuerdo con las particularidades de cada caso.