Solitario. Así se le vio al Pacto Histórico, principal partido de oposición al Gobierno, en las comisiones económicas del Congreso de la República, donde fue aprobado en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027, por 635 billones de pesos. Los congresistas de esa colectividad, que representa buena parte de las banderas de la pasada administración, cuestionaron con dureza el monto, al considerar que carece de austeridad y que aún no hay suficiente claridad sobre las fuentes con las que será financiado.
El proyecto de ley que plantea el manejo de las finanzas públicas suele ser la primera prueba de fuego en la relación Gobierno-Congreso. Este capítulo inicial fue de la luna de miel, al menos en lo que respecta a avalar el monto presupuestal. Al Ejecutivo se le alinearon los conservadores, el Centro Democrático, Cambio Radical, La U y otros sectores independientes.
El Partido Liberal, por su parte, no fue un voto más: su respaldo resultó clave, pues apenas semanas atrás había dejado la independencia para apoyar al gobierno de Abelardo De La Espriella.
No obstante, el primer debate del Presupuesto de 2027 dejó ver una posible tendencia para el arranque del Gobierno: una mayoría dispuesta a acompañarlo, pero no lo suficientemente cohesionada como para garantizar, por ejemplo, una reforma tributaria, y con congresistas que marcarán distancia en algunos temas pese al respaldo general.
Carlos Meisel, por ejemplo, secundó el mensaje del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, según el cual “no es el mejor presupuesto, pero es el que la situación permite”. Se refería a faltantes heredados de las cuentas elaboradas por el gabinete de Petro: 6,5 billones de pesos para pensiones; 2 billones para obligaciones en salud; 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos; 700.000 millones para universidades públicas y 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
El espaldarazo de Meisel al Gobierno no impidió que cuestionara la adición de 2 billones de pesos que finalmente recibió el sector salud, recursos que fueron recortados al Ministerio de Hacienda. A su juicio, el monto es insuficiente para cubrir necesidades como el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se reconoce por cada afiliado al sistema y las deudas de las EPS intervenidas, entre otros compromisos del sector.
Christian Garcés, quien fungió como coordinador ponente y orador principal, fue otra ficha clave para la defensa de la ponencia oficial, pero no dejó de poner el polo a tierra. Previo a sustentar el proyecto de ley ante las comisiones y hacer el llamado a la votación positiva, exigió información sobre cómo se financiaría el presupuesto y cuánto costaría la reconstrucción después del terremoto del 10 de agosto. Inclusive, amenazó con no firmar para estampar su aval al documento, si no había claridad sobre los recursos.
Roce por política social
Luego de obtener las claridades que exigía, Garcés hasta se enfrentó con una de las voceras del Pacto Histórico, Andrea Vargas, quien consideró que el presupuesto era “antipobres”, en referencia a que se estaban sacrificando políticas sociales. Según sus cálculos, recortaban en un 74 por ciento los subsidios a la energía en los estratos bajos del Caribe, y en un 84 por ciento los de vivienda.
Ello, sin contar con que las transferencias monetarias a través de programas como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor experimentarían una contracción, de 8 a 7 billones de pesos.
En respuesta, Garcés aceptó que había cambios en los subsidios, pero no para quitar derechos, sino para mejorar la focalización de los mismos.
Las discusiones sobre la repartición de la torta presupuestal tienen como escenario las cuatro comisiones económicas del Congreso, que sesionan en conjunto; pero ello no exime de reuniones privadas entre los parlamentarios que son elegidos como ponentes y coordinadores ponentes, y los representantes del Gobierno, principalmente los ministros de Hacienda y del Interior.
En esta ocasión, aunque Miguel Gómez había insistido en que las relaciones entre Congreso y Ejecutivo son permanentes e inevitables, y que cualquier negociación se haría por encima de la mesa, no faltaron las suspicacias.
Rodrigo Lara, ministro del Interior, en la misión de su cartera de tender puentes para llegar a acuerdos, terminó en un remolino de críticas. En medio de las batallas de los parlamentarios para conseguirles más recursos a los sectores que buscan defender, se reunió con varias bancadas, entre ellas la del Centro Democrático, que fue propiciada por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez.
Aunque el funcionario sustentó que las discusiones versaron sobre el presupuesto para temas de seguridad y reconstrucción posterremoto, le llovieron reclamos por esos encuentros privados, a los cuales respondió diciendo que este Gobierno no era “rehén de la mermelada” y que por lo tanto no negociaba partidas ocultas.
Oposición al recorte
El Pacto Histórico, por su parte, votó en contra del monto presupuestal y, a cambio, propuso una cifra de 596,6 billones de pesos, equivalentes a una reducción de 38,3 billones frente a la propuesta oficial.
La iniciativa fue sustentada por voceros como Marco Emilio Hincapié, quien retó el argumento de austeridad del Gobierno al manifestar que, si enviaban ese mensaje, el presupuesto debía ser coherente y enfatizar en la responsabilidad fiscal. Criticó la estrategia de tomar más deuda para pagar deuda.
Ello, porque, de cada 100 pesos previstos en el presupuesto, 62 se van a funcionamiento; 13,7 a inversión y 24,5 a pago de deuda, con el agravante de que la carta financiera creció en 60 billones de pesos, los cuales, hoy constituyen el hueco que se va a empezar a tapar con recorte del gasto, a través de una ley de ajuste fiscal que se radicará próximamente.
Esa incógnita con la estrategia para pasarle tijera al gasto público mantiene inquietos a los congresistas, quienes presionaron al Gobierno cuando estaba empeñado en no permitir ninguna modificación y, por lo tanto, no aceptar nada de las 615 proposiciones que fueron sumando los parlamentarios en el trámite del proyecto de ley.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el Congreso le puso al Ejecutivo los puntos sobre las íes y le dijo que, si no cedía en peticiones específicas para cubrir las dificultades que habían manifestado algunos sectores, simplemente no lo acompañaban en la aprobación del presupuesto, que incluye facultades extraordinarias para hacer ajustes al tamaño del Estado y la reorganización de entidades pública.
Fue así como el Gobierno cedió, aceptando una redistribución que le incorpora 500.000 millones adicionales al Sena y una ampliación presupuestal para la Registraduría, sin la cual, en agosto, ya no tendría recursos para cedulación, ni para las elecciones territoriales.
Uno de los momentos más tensos del primer debate del Presupuesto de 2027 fue el recorte de 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recursos que fueron trasladados, en su mayoría, a la justicia ordinaria. La propuesta inicial, que planteaba una reducción de 100.000 millones de pesos, fue presentada por Enrique Gómez, dirigente de Salvación Nacional.
La polémica duró varios días. El Pacto Histórico rechazó enérgicamente ese camino y el mismo presidente de la entidad, Alejandro Ramelli, hizo lobby para evitar el recorte, con el cual, a su juicio, la JEP quedaría inoperante.
En medio de la controversia entre quienes consideran que marchitar la JEP es un ataque directo al proceso de paz y quienes sustentan que los gastos que ha generado se han ido en abogados y burocracia, y poco en beneficios visibles para las víctimas, finalmente fue aprobado el recorte.
Por ahora, las cartas sobre las finanzas públicas de 2027 aún no están del todo sobre la mesa. Falta ver qué ocurrirá en las plenarias del Congreso, donde el proyecto enfrentará su segundo y último debate. Aunque allí suele mantenerse la ruta trazada por las comisiones económicas, estas ya dieron una fuerte señal de respaldo al Gobierno: aprobaron el articulado del presupuesto en grandes bloques, con una primera tanda de 66 artículos.
También será definitivo el destape del siguiente proyecto de ley del Ministerio de Hacienda, el del ajuste fiscal, que podría contener ahorros, eliminando, fusionando o reorganizando entidades públicas. La carrera del Gobierno en el Legislativo apenas empieza.