Con la prerrogativa de que el 90 % del presupuesto del Departamento de Prosperidad Social-DPS está enfocado en las transferencias monetarias directas, las cuales, sin embargo, serán reenfocadas, de acuerdo con lo expresado por Sandra Suárez, directora de la entidad que se encarga de los programas sociales en Colombia.
La funcionaria, durante un debate de control político, expuso situaciones que, según dijo, están siendo revisadas, para tratar de optimizar el gasto del DPS en 2027. Por ejemplo, mencionó que en el programa Colombia Mayor, que pasó de 1,6 millones de beneficiarios a 2,9 millones, hay personas recibiendo transferencias pese a que tienen 54 años, es decir, ni siquiera han llegado a la edad de pensión. Por el momento, afirmó que, aún así, se están respetando esas asignaciones.
Con la convicción de que “las transferencias monetarias las deben recibir quienes las necesita”, Suárez habló de la herramienta Sisbén y de la continuación a dicha ruta que inició el gobierno saliente con el RUI: Registro Único de Ingresos, pues la búsqueda con los subsidios es manejarlos con integralidad. No obstante, encontraron elementos que les hacen detenerse a pensar en la confiabilidad de la información del RUI, por lo tanto, decidieron aplazar la entrada en vigencia de dicho instrumento.
En ese sentido, confirmó que tendrán la tarea para el Plan de Desarrollo que se va a construir, de evaluar lo que han ido identificando en términos de ayudas a la población más vulnerable y optimizar la racionalización de las mismas.
Según las explicaciones de la directora de Prosperidad Social, el primer año tendrán fuertes restricciones, debido a la crisis fiscal. No obstante, el presupuesto previsto es de 8,2 billones de pesos, 7,9 billones de los cuales son para inversión y 7,5 billones se van en transferencias monetarias, en parte, porque la población que recibe subsidios es muy numerosa.