El Gobierno nacional anunció la destinación de $1,5 billones para el sector energético, con el propósito de proteger la continuidad y confiabilidad del servicio de energía en Colombia. De ese monto, en los próximos días se realizará un primer giro de $300.000 millones para atender parte de las obligaciones pendientes con los generadores térmicos.
La medida, anunciada por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, busca responder a los problemas de liquidez que enfrenta la cadena de pagos entre empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras.
Según el Gobierno, esta situación se ha agravado con la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027. De acuerdo con XM, los aportes hídricos se ubicaron en alrededor del 76 % de la media histórica durante mayo y junio y cerca del 80 % en julio. La menor disponibilidad de agua reduce la generación hidroeléctrica y obliga a aumentar el uso de plantas térmicas, cuyos costos de operación son más altos debido al uso de combustibles como gas, carbón y líquidos.
Como parte del denominado Plan Energía YA, el Gobierno estructuró una respuesta en tres frentes. El primero contempla medidas de liquidez por $1,5 billones para lo que resta de 2026, destinadas al pago de la deuda corriente a los generadores térmicos a partir de septiembre. Estos recursos se suman al pago de los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3.
El segundo frente busca mejorar la sostenibilidad financiera del sistema mediante tres líneas de acción: fortalecer los contratos de largo plazo para reducir la exposición al mercado de bolsa, revisar la estructura tarifaria y definir un plan integral para mejorar la prestación del servicio en la región Caribe.
El tercer componente contempla un trabajo coordinado con gobernaciones y alcaldías. Entre las prioridades está promover el pago oportuno de los servicios públicos por parte de las entidades estatales, una medida respaldada por la Procuraduría General de la Nación.
La implementación de estas acciones requerirá, además, la participación de entidades como la CREG, la UPME y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objetivo de avanzar en las medidas regulatorias necesarias para fortalecer el sistema eléctrico.