Este primero de diciembre se instala la mesa de concertación laboral en la que participan empresarios, sindicatos y el Gobierno para definir el incremento del salario mínimo para 2026.
Mientras gremios y analistas defienden un crecimiento cercano al 6 %, para evitar presionar costos de las empresas, aumentar la informalidad o impactar la inflación del próximo año, los sindicatos esperan estar por encima del 10 %. Y el Gobierno, como lo anunció el presidente Gustavo Petro hace un año, también iría en esa misma línea. Cuando se definió el salario mínimo de 2025, el mandatario dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre un 30 % y 35 %, ya que, en 2022, se aumentó 16 % y en 2023, 12 % y ahora 9,53 %. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.
SEMANA conversó con César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, sobre los alcances de un salario mínimo con un incremento desbordado, lo que implica esta decisión en el marco de la reforma laboral y los ajustes de la jornada, y lo que busca dejar el Gobierno.
SEMANA: ¿Cuáles son sus expectativas del incremento del salario mínimo para 2026?
César Pabón (C. P.): Aunque es difícil anticipar la decisión final, y más por la incertidumbre política, sigo esperando que el Gobierno actúe con responsabilidad y sustento técnico. Lo ideal es que el ajuste se acerque a los criterios recomendados: inflación de cierre y productividad, con el fin de preservar el poder adquisitivo y reconocer el aporte del trabajador. Bajo ese enfoque, el incremento debería ubicarse en un solo dígito, más cercano al 5 % que al 10 %.
SEMANA: ¿Qué pasa si se da un aumento desbordado, muy por encima de la inflación y de la productividad, como lo ha anunciado el Gobierno?
C. P.: Debemos ser muy claros: un aumento desproporcionado afecta negativamente la formalidad laboral y eleva el costo de vida para todos los colombianos. Cerca del 60 % de los bienes y servicios de la canasta básica se ajustan por inflación o por salario mínimo. Un incremento excesivo presiona los costos de servicios, trámites, multas y otros valores regulados, generando un efecto dominó que termina encareciendo la vida cotidiana.
SEMANA: ¿Cuánto debería subir para no afectar indicadores como la inflación?
C. P.: La cifra técnicamente adecuada sería alrededor del 6 %, considerando una inflación de cierre cercana al 5 % y 5,4 % y una productividad inferior al 1 %. De hecho, esta semana conocimos una Productividad Total de los Factores (PTF) de 0,91 % en el año corrido al tercer trimestre de 2025. Aumentar significativamente por encima de ese rango elevaría el riesgo de presiones inflacionarias adicionales.
SEMANA: ¿Qué impacto tiene desde el punto de vista fiscal un aumento alto del salario mínimo?
C. P.: El efecto fiscal es considerable: la nómina del Estado se ajusta a ese ritmo. Cerca del 60 % del presupuesto es de funcionamiento, es decir, que está influenciado por esta decisión. Un incremento elevado puede presionar una proporción importante del presupuesto anual, generar rigideces y desplazar recursos destinados a inversión y programas sociales.
SEMANA: Se ha mencionado que en la discusión sobre el salario mínimo se incluirá la variable de “salario vital y móvil” planteada por la OIT. ¿Qué significa eso en la discusión?
C. P.: Mi interpretación de un salario vital o móvil es analizar el salario mínimo en relación con el ingreso promedio de la población. Desde esa perspectiva, Colombia se encuentra entre los países donde el salario mínimo representa una proporción muy alta del salario medio. Esto indica que, lejos de impulsar bienestar, puede convertirse en una barrera de entrada a la formalidad para millones de trabajadores.
SEMANA: Tradicionalmente, ¿cuál ha sido el aumento del salario mínimo en los últimos años?
C. P.: Desde la pandemia, es decir, en los últimos cinco años, los incrementos han rondado el 9 %, alineados con inflaciones cercanas al 7 %, aunque siguen siendo aumentos altos. En este contexto, resulta difícil justificar incrementos de dos dígitos cuando las condiciones macroeconómicas no los respaldan y la inflación de cierre se sitúa alrededor del 5 %.
SEMANA: ¿Para este Gobierno eso qué representa? ¿Cuál sería la impronta que busca dejar?
C. P.: Para el Gobierno, un aumento alto es políticamente atractivo, pues envía un mensaje de apoyo a los trabajadores. Sin embargo, desconoce que solo una minoría recibe realmente el salario mínimo, empezando por entender que cerca del 60 % de la fuerza laboral es informal. En última instancia, todos terminamos asumiendo los costos a través de mayor inflación y pérdida de capacidad de compra.
SEMANA: ¿Cómo se integra el aumento del salario mínimo con la reforma laboral y la reducción de la jornada?
C. P.: Son medidas que parten de buenas intenciones, pero que en conjunto pueden generar efectos adversos. Mejorar salarios y condiciones laborales suena positivo, pero estas decisiones elevan el costo de contratar formalmente y cierran aún más la puerta a unos 12 millones de trabajadores informales. Al encarecer la formalidad, se los empuja a la incertidumbre diaria y a sistemas de salud y pensiones más precarios. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones.