El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este jueves que el Gobierno Nacional radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra la decisión que suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2025, norma mediante la cual se ordenaba el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, en el marco de la implementación de la reforma pensional.
Durante su pronunciamiento, Sanguino aseguró que el Gobierno acudirá a todas las herramientas legales disponibles para revertir la suspensión del decreto y defender la aplicación del artículo 76 de la reforma pensional, disposición clave para el traslado de afiliados y recursos hacia Colpensiones.
“Acabamos de radicar el recurso de súplica y vamos a interponer acciones penales en contra del magistrado Bedoya por sus decisiones abiertamente ilegales en relación con el Decreto 415 y el artículo 76 de la reforma pensional”, afirmó el ministro.
El jefe de la cartera laboral sostuvo que las decisiones adoptadas por el magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado representan, a juicio del Gobierno, una interpretación contraria al espíritu y contenido de la reforma aprobada por el Congreso. En ese sentido, indicó que las acciones penales buscarán establecer posibles responsabilidades derivadas de la expedición de la medida cautelar.
Sanguino también reveló que la Superintendencia Financiera ya aperturó investigaciones contra varios fondos privados de pensiones por presuntas actuaciones irregulares relacionadas con la negativa de trasladar los recursos correspondientes a los ahorradores que decidieron migrar a Colpensiones.
De acuerdo con el ministro, algunas administradoras privadas habrían incumplido las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, obstaculizando el traslado efectivo de recursos y demorando procesos ya autorizados por los afiliados.
“Ya la Superintendencia Financiera ha aperturado investigaciones sobre los fondos privados por actuaciones también abiertamente ilegales en su negativa de trasladar los recursos de los ahorradores que se trasladaron a Colpensiones”, enfatizó.
El Gobierno sostiene que la implementación de la reforma pensional debe avanzar sin bloqueos administrativos ni judiciales que afecten a los ciudadanos que ejercieron su derecho de traslado bajo las reglas definidas por la nueva legislación.
Por ello, insistió en que continuará defendiendo el decreto y la aplicación integral de la reforma ante las distintas instancias judiciales y de control.