Con 93 artículos en total, tres de ellos nuevos, llega la ponencia del Presupuesto 2027 a las plenarias, donde tendrán que estudiar y aprobar el contenido del proyecto de ley antes del 20 de octubre.
Entre movimientos de recursos de un sector a otro, de una entidad a otra, el primer cambio que hay que señalar es el de los tres rubros principales, pues, del total del monto de la carta financiera para el próximo año, por $ 634,9 billones, $ 393,2 billones corresponden a gastos de funcionamiento, $ 147,1 billones al pago del servicio de la deuda y $ 94,6 billones a inversión.
Esas cifras implican cambios en las asignaciones, pues, en la ponencia para el primer debate, la ecuación era de $ 155 billones para la deuda, mientras que a la inversión solo le correspondían $ 86,9 billones. Hay que detallar que, aunque el actual Gobierno ha mencionado que hará una reforma al Estado para reducir burocracia, el gasto de funcionamiento, en la medida en que es inflexible en su mayoría, en vez de bajar, subió, de $ 392,7 billones a $ 393,2 billones en la segunda ponencia.
Tres artículos nuevos
Para el segundo y último debate, el proyecto de ley que define la estrategia financiera para 2027 incluye tres artículos nuevos. Uno indica que los recursos recaudados por concepto de peajes en vías de la red vial nacional no concesionada serán invertidos por el Invías en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la vía objeto del peaje y, cuando esta cumpla con los estándares técnicos requeridos, los recursos remanentes resultantes podrán destinarse por este Instituto a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de vías de la red vial nacional no concesionada en el departamento de origen de los recursos.
Otra de las medidas introducidas para el segundo debate en plenaria es que en el presupuesto del Ministerio de Hacienda se incluirá una apropiación con el objeto de atender los gastos para el control del orden público, la prevención y atención de desastres, así como para financiar programas y proyectos de inversión debidamente registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, sin cambiar su destinación y cuantía.
Igualmente, con un artículo nuevo se propone un programa de austeridad y eficiencia del gasto, de manera que todas las entidades del Presupuesto General estarán obligadas a buscar eficiencias con el presupuesto asignado. Esto priorizando la reducción del gasto en órdenes de prestación de servicios, contratos para el suministro de trabajadores en misión, viáticos, eventos, publicidad, viajes y, en general, cualquier gasto no esencial para el funcionamiento de las entidades.
Los que pusieron el sombrero
Es habitual que, frente al Presupuesto de la Nación, una vez se aprueba el monto, como en este caso, empiece la reorganización interna de las partidas. Por lo general, los parlamentarios son los que ponen el sombrero para pedir mayores asignaciones a ciertos sectores.
En esta ocasión, en términos generales, según las explicaciones de Christian Garcés, coordinador ponente del proyecto, se reduce el servicio a la deuda en $ 8,4 billones.
Igualmente, se garantizan $ 3 billones para subsidios de energía y gas y se deja una partida de $ 3,9 billones en el Ministerio de Hacienda, para incorporar recursos destinados a la atención del terremoto, otros desastres y prioridades adicionales.
El pedazo de la torta presupuestal para el funcionamiento del subsistema de salud de la Policía también tiene un poco más de recursos: $ 31.000 millones.
A los organismos de control les agregan $ 310.000 millones y a la Registraduría le adicionan $ 200.000 millones, que tendrán que ser destinados al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la inversión en el sistema de identificación nacional.