Este martes 28 de julio hubo un hecho atípico en el Ministerio de Hacienda. La Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General-Diari desplegó un equipo de Policía Judicial que llegó con equipos y dispuesto a iniciar el ejercicio de verificación y recaudo de información, luego de que la entidad de control emitiera una función de advertencia por los más de 14.000 contratos suscritos luego del fin de la Ley de Garantías.
Hacía 24 horas que la Contraloría había informado a la opinión pública en Colombia acerca de lo identificado en términos de recursos públicos, advirtiendo “riesgos presupuestales y contractuales que comprometen la sostenibilidad fiscal”.
La entidad de control se refirió a contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos, correspondientes a un incremento del 22,5 % de la contratación en comparación con el mismo periodo de tiempo hace cuatro años (al término de la Ley de Garantías).
Peor aún si buena parte de la contratación evidenciada se hizo a través de la modalidad directa, conocida coloquialmente como “a dedo”. En esa circunstancia habría 11 mil contratos suscritos en las últimas cuatro semanas, por el gobierno que ya está en proceso de entrega del mandato.
Dentro de los principales riesgos que advirtió la Contraloría, estarían algunos de los contratos suscritos en la ANT-Agencia Nacional de Tierras y en el Ministerio del Interior.
Ya la Contraloría había anunciado que la situación detectada “demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los 5 meses restantes de la vigencia fiscal”.
Más aún, porque el país tiene dificultades en materia de disponibilidad de recursos, con un alto déficit y abultada deuda pública, según las informaciones relacionadas con el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en este año.
De hecho, la misma entidad de control y vigilancia habló de la situación por la que atraviesan las finanzas públicas, con amplias restricciones derivadas del menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General, las necesidades adicionales de financiación y las presiones sobre la caja del Gobierno, entre otras.
Desde la perspectiva de la Contraloría la función de advertencia lo que busca es “evitar que los riesgos identificados en los procesos presupuestales y contractuales en curso se materialicen en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales a los ordenadores del gasto".