Este lunes, 27 de julio, la Contraloría General de la República activó una función de advertencia, luego de evidenciar una preocupante situación en materia de contratación. El ente presentó el informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno nacional central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.
En el informe se lograron evidenciar las fuertes presiones de caja que enfrenta el Gobierno, además de los rezagos en reservas presupuestales y las necesidades adicionales de financiación, por lo que toda decisión contractual debe estar plenamente respaldada por la disponibilidad presupuestal y la sostenibilidad fiscal.
“El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios. Esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los 5 meses restantes de la vigencia fiscal”, indica el ente.
Entre las evidencias, la Contraloría señala que, luego de levantada la restricción de la Ley de Garantías, tras la segunda vuelta presidencial, se han suscrito 14.414 contratos por un valor de cerca de $4,55 billones de pesos, lo que deja ver un incremento del 22,5 % de la contratación en comparación con el mismo periodo de hace cuatro años.
“Llama la atención la contratación directa que supera los 11.000 contratos en estas últimas cuatro semanas. Advierte los riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la ANT y el Ministerio del Interior”, precisa la Contraloría.
Fueron siete los factores de riesgo identificados desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante, que requieren de un seguimiento permanente por su incidencia en la sostenibilidad. Entre estos se destacan el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa, entre otros.
