El nuevo golpe a la economía colombiana, esta vez derivado de los aranceles impuestos a algunos productos exportados a Estados Unidos, estaba anunciado. Desde marzo se conocían las investigaciones adelantadas por la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR), bajo el Gobierno de Donald Trump, impulsor de una guerra arancelaria cuyo nuevo capítulo afectará no solo a Colombia, sino a un total de 60 países.
El “castigo”, de acuerdo con lo esbozado en el documento de la USTR, es por incumplir la prohibición de importar mercancías desde economías que las producen mediante trabajo forzoso.
Países como Ecuador hicieron la tarea a tiempo y expidieron el decreto exigido para quedar blindados, al menos con un arancel menor, del 10 por ciento, en el caso de las flores. Colombia, entretanto, se enredó institucionalmente y ahora, según cuenta María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), el país tendrá cerca del 23 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos con un arancel adicional.
“Hay 471 partidas arancelarias, el 73 por ciento, exentas del nuevo arancel de 12,5 por ciento, lo que no necesariamente implica que queden libres de todos los gravámenes estadounidenses. Algunos pueden seguir sujetos a aranceles ordinarios, cuotas y otras medidas de la Sección 232, derechos antidumping u otros cargos”, explicó.
El palo en la rueda para evitar que ahora Colombia quede en desventaja arancelaria con algunos de sus competidores directos en exportación, como México y Ecuador, es hoy motivo de controversia. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que la medida “es la consecuencia de la falta de compromiso del Gobierno actual para defender la producción nacional”; mientras que Lacouture agrega que se requería un trabajo mancomunado entre diversas instituciones y no se concretó.
“El liderazgo lo llevó el Ministerio de Comercio, pero esa entidad no puede presentar acciones contra la importación de mercancías producidas a partir del trabajo forzoso si la Dian no se compromete a desarrollarlas. Ellos tenían que firmar la carta y todo quedó en buenas intenciones”.
La mayor afectación se concentraría en flores frescas cortadas, confecciones y textiles, confitería y chocolates terminados, alimentos procesados no incluidos en las excepciones; cosméticos y productos de cuidado personal; manufacturas de plástico y equipos eléctricos, entre otros, según AmCham.
En plata blanca, de acuerdo con cálculos preliminares de Javier Díaz, presidente de Analdex, “la medida significa alrededor de 125 millones de dólares adicionales en pago de aranceles. Lo más significativo es el caso de flores, tilapia y algunos productos manufacturados”.
El asunto no es menor, pues en el caso de las flores exportadas desde Colombia, el 80 por ciento va para Estados Unidos; es decir, el 60 por ciento de su mercado.
Para Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, la afectación es muy amplia: “Los aranceles afectan de manera desproporcionada al consumidor final. En la práctica, Trump está creando nuevos impuestos sobre el consumo de productos importados”. Y Colombia, como uno de sus principales socios comerciales, queda en desventaja competitiva. Entretanto, Asocapitales advierte que el mayor golpe recaerá sobre sectores intensivos en generación de empleo urbano.
En este escenario, queda a prueba la capacidad de negociación del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella, que ya habría adelantado agenda luego de la visita del vicepresidente, José Manuel Restrepo, al país de Trump. El trofeo, según la expectativa de los exportadores, es que, aprovechando la relación de la nueva administración con Estados Unidos, se logre desmontar totalmente el arancel impuesto, lo que, sin embargo, no sería de la noche a la mañana.