Las empresas más grandes de Colombia destinaron cerca de $19 billones a iniciativas sociales y ambientales durante 2025. De ese total, alrededor de $10 billones se dirigieron a inversión ambiental y $9 billones a inversión social, según la décima edición del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), presentado en la 5.ª Cumbre de Inversión Social Ambiental Privada.
El estudio, desarrollado por Arteaga Latam con el apoyo de la Universidad de los Andes y varias organizaciones regionales, analizó la gestión de 318 empresas de 15 sectores económicos, cuyas ventas equivalen al 36 % del PIB colombiano y que generan más de 8 millones de empleos directos, convirtiéndose en la mayor medición de este tipo realizada en el país.
Uno de los principales hallazgos es el cambio en la composición de la inversión empresarial. Desde 2022, la inversión ambiental ha aumentado 45 %, mientras que la inversión social registra una caída acumulada de 16 %. Solo entre 2024 y 2025, los recursos destinados a iniciativas ambientales crecieron 13 %, mientras que los dirigidos a programas sociales disminuyeron 3 %.
El informe también muestra diferencias en el origen de los recursos. Mientras el 81 % de la inversión social es voluntaria y solo el 19 % responde a obligaciones legales, en el caso ambiental ocurre lo contrario: el 58 % de los recursos se destina al cumplimiento de normas y el 42 % corresponde a inversiones voluntarias.
En cuanto a los destinos de los recursos, la inversión social se concentró en programas de desarrollo socioeconómico, educación e investigación, desarrollo rural y deporte. En el componente ambiental, las prioridades fueron la protección del recurso hídrico, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las iniciativas de economía circular.
Aunque la inversión ambiental supera a la social en monto, esta última tiene una mayor cobertura territorial. Durante 2025, las iniciativas sociales llegaron al 98 % de los municipios del país, mientras que las ambientales alcanzaron el 64%.
En los municipios PDET, las empresas invirtieron $482.000 millones en programas sociales, aunque únicamente el 15 % de las compañías participantes destinó recursos a estos territorios.
El IISAE también destaca el papel de las grandes empresas en la economía nacional. Las organizaciones evaluadas trabajan con más de un millón de proveedores y realizaron el 84 % de sus compras a proveedores nacionales y el 65% a proveedores locales en las zonas donde operan.
Entre los desafíos pendientes, el estudio identifica avances limitados en equidad de género, diversidad e inclusión y medición del impacto de las inversiones. La participación de mujeres en cargos directivos pasó del 33 % en 2019 al 37 % en 2025, mientras que solo el 36% de las empresas evaluó el impacto de sus inversiones sociales y ambientales durante el último año y apenas el 16 % midió el retorno de la inversión social (SROI).
El informe concluye que, más allá del volumen de recursos destinados a sostenibilidad, el principal reto para las empresas será fortalecer la evaluación de resultados y consolidar alianzas que permitan maximizar el impacto de sus inversiones.