El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto destinado a ajustar el financiamiento de las pensiones mínimas en Colombia.

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En específico, la propuesta reglamenta el mecanismo de cobertura del riesgo de deslizamiento del salario mínimo, corrigiendo las reglas para proyectar el costo de las reservas técnicas de estas pensiones cuando los incrementos del salario mínimo superan el índice de precios al consumidor acumulado del año anterior, tal como sucedió con el incremento del 23 % fijado para 2026.

Esta norma sustituiría formalmente el Título 17 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1833 de 2016. Sus disposiciones aplicarían de manera concreta a los afiliados que se pensionen bajo la modalidad de renta vitalicia, ya sea inmediata o diferida, y que reconozcan mesadas equivalentes a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).

¿Por qué se propone este cambio?

La Constitución Política de Colombia establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, mientras que la Ley 100 de 1993 exige que estas mesadas se ajusten anualmente en el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario.

El fenómeno del deslizamiento ocurre cuando el ajuste del salario mínimo resulta superior a la variación de la inflación del año inmediatamente anterior. Esa diferencia genera un sobrecosto en el valor actuarial de las obligaciones futuras de las aseguradoras, riesgo que el Estado ayuda a cubrir mediante un mecanismo técnico.

No obstante, el Decreto 1485 de 2025 incorporó un componente indexado a la inflación equivalente al 35 % del IPC dentro del parámetro de cálculo.

De acuerdo con los análisis técnicos del Ministerio de Hacienda, este parámetro provocó un fuerte aumento en la reserva requerida, encareciendo la emisión de las pólizas de renta vitalicia hasta alcanzar en 2026 un valor promedio estimado de 642,9 millones de pesos frente a los 473,7 millones que costaría con la norma propuesta.

Esto provocó una contracción del 64 % en la emisión de rentas vitalicias durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, elevando el riesgo de que los afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) no alcancen el saldo necesario para jubilarse por renta vitalicia y queden expuestos a retiros programados que sufran descapitalización con el tiempo.

¿Qué propone el MinHacienda para las pensiones de salario mínimo?

El proyecto del Gobierno plantea eliminar por completo el componente de inflación del parámetro y retornar de manera exclusiva al cálculo basado en el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos 10 años, el cual no podrá ser inferior al 0 %.

Al estimar las reservas sobre este parámetro de productividad pura, se disminuye la exigencia de capital inicial requerida al momento de expedir la pensión.

Esto busca reactivar la oferta por parte de las compañías aseguradoras, aliviar las presiones sobre el seguro previsional que financia las pensiones de invalidez y sobrevivencia, y proteger el capital ahorrado por los trabajadores.

El Gobierno calcula que este ajuste genera un beneficio potencial para el sistema pensional estimado en 4,1 billones de pesos a precios de 2025.

La propuesta reglamentaría el mecanismo de cobertura del riesgo de deslizamiento del salario mínimo. Foto: Guillermo Torres / Semana/ Getty Images

¿A quiénes beneficiaría y cuáles son sus condiciones?

El mecanismo de cobertura funcionará de manera específica para las rentas vitalicias de un salario mínimo. De acuerdo con el articulado, se permite la preinscripción e inscripción de rentas con mesadas de hasta dos salarios mínimos, pero el reconocimiento efectivo del beneficio estatal únicamente se activará cuando la mesada equivalga exactamente a un salario mínimo vigente.

El texto señala que no podrán acceder al beneficio aquellas pensiones que hayan cobrado excedentes de libre disponibilidad. Además, para las rentas vitalicias de vejez que se expidieron bajo las reglas del Decreto 1485 de 2025, las aseguradoras y pensionados dispondrán de un régimen de transición que les permitirá acordar ajustes contractuales voluntarios hasta el 31 de diciembre de 2026, bajo la condición estricta de no desmejorar en ningún caso los derechos ni la pensión del beneficiario.

¿Cómo se financiaría este mecanismo?

En los años en que el incremento del salario mínimo supere el parámetro de productividad fijado, se configurará una cobertura positiva que asumirá la Nación a través de la Oficina de Bonos Pensionales. Para saldar este compromiso, el Ministerio de Hacienda podrá aplicar dos modalidades de pago según la disponibilidad presupuestal y fiscal.

La primera modalidad consiste en un pago único y directo a la aseguradora por la variación del valor presente actuarial de la reserva matemática.

La segunda alternativa le permite a la Nación pagar anualmente la diferencia observada en las mesadas pensionales y constituir o actualizar de manera paralela una reserva matemática administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la cual computará como activo admisible para respaldar las reservas técnicas de las compañías de seguros.