El Gobierno nacional prepara un decreto para reversar uno de los cambios introducidos por la administración de Gustavo Petro al sistema de pensiones de ahorro individual, que es el que administran los fondos privados. La propuesta del Ministerio de Hacienda busca modificar el mecanismo que protege a las aseguradoras frente a los aumentos del salario mínimo, luego de que la regulación expedida en 2025 encareció las rentas vitalicias y dificultó el acceso a esta modalidad de jubilación.
El proyecto sustituiría las disposiciones del Decreto 1485 de 2025, que modificó la fórmula para calcular los recursos necesarios para garantizar las pensiones equivalentes a un salario mínimo. En este cálculo se consideran variables como la inflación y la productividad, que cuentan con parámetros técnicos. Sin embargo, estimar los futuros aumentos del salario mínimo resulta más complejo, debido al peso que tienen las decisiones políticas en su fijación.
Ante esta incertidumbre, el Gobierno estableció hace varios años un mecanismo para compensar a las aseguradoras por los incrementos del salario mínimo que superaran lo previsto con base en la inflación y la productividad (conocido como mecanismo de deslizamiento). No obstante, la administración anterior modificó la fórmula de dicho cálculo, lo que redujo las compensaciones a cargo del Estado.
La iniciativa propone regresar al esquema que toma como referencia el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años, en lugar de incorporar un componente asociado a la inflación.
“El gobierno Petro estableció que la productividad ya no va a ser la que diga el Dane, sino el 35 % de la inflación. O sea, se inventó una medida de productividad que es totalmente antitécnica, sin ninguna razón económica, y eso es lo que se corrige”, explica Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gremio de los fondos privados.
Tanto el proyecto de decreto como Velasco señalan que los ajustes implementados por la anterior administración aumentaron significativamente el capital necesario para financiar las rentas vitalicias, sin mejorar la capacidad de prever los incrementos futuros del salario mínimo.
Esto, porque se redujeron las compensaciones que el Estado debía reconocer a las aseguradoras cuando los aumentos del salario mínimo superaban la inflación y la productividad.
Según el dirigente gremial, el efecto fue considerable: el capital necesario para adquirir una renta vitalicia equivalente al salario mínimo pasó de aproximadamente 350 a 550 millones de pesos, un incremento que significó que trabajadores que habían acumulado recursos suficientes para pensionarse bajo las condiciones anteriores dejaron de cumplir los requisitos económicos para adquirir esa modalidad.
Velasco calculó que, en promedio, los afectados habrían necesitado cotizar cinco años adicionales. También aseguró que, entre enero y agosto, el número de nuevas pensiones mínimas mediante rentas vitalicias cayó de más de 9.000 en 2025 a cerca de 4.000 en 2026.
Cambios en la compensación
Además de restablecer el parámetro anterior, el proyecto contempla dos alternativas para reconocer las compensaciones estatales: pagar de una vez el valor de las obligaciones futuras o cubrir anualmente las diferencias y constituir una reserva administrada por Hacienda.
La modalidad dependería de la disponibilidad presupuestal y requeriría el aval del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
El decreto también incluye reglas de transición para las rentas vitalicias contratadas bajo la regulación de 2025, con posibilidades de ajustes contractuales que respeten los derechos adquiridos.
Velasco respaldó la iniciativa y afirmó que Asofondos había solicitado revisar la medida desde su expedición.
El proyecto deberá completar el período de comentarios antes de su eventual firma. Esta normatividad se uniría a la que también emitió recientemente el Ejecutivo, para eliminar el límite del 30 % que había establecido el Gobierno Petro a las inversiones de los fondos de pensiones privados en activos internacionales.