Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la apertura de un incidente de impacto fiscal presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella frente a la reforma pensional.
El alto tribunal resolvió la petición elevada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, respecto de la Sentencia C-264 de 2026.
Debido a esto, le dio un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión para que sustente el incidente de impacto fiscal.

Pasado dicho término sin que el incidente se sustente, se declarará desierto.
El Gobierno señaló que la entrada en vigencia de la ley, prevista para el 1 de abril de 2027, generaría gastos adicionales de $5 billones que no están incluidos en el Presupuesto General de la Nación.

Los magistrados Héctor Carvajal y Jorge Enrique Ibáñez fueron apartados de la discusión de la demanda contra la ley.
El texto completo
El pasado 15 de septiembre, la Corte Constitucional publicó la sentencia completa en la que avaló, en su gran mayoría, los artículos de la reforma pensional que impulsó el gobierno de Petro y devolvió varios artículos al Congreso por aparentes vicios de trámite.

La Corte informó a finales de agosto que el Congreso debía corregir por lo menos nueve artículos de la reforma, pero hasta que no se conociera el fallo de la decisión no podían citar a sesiones para enmendar esos puntos de la iniciativa que promovió el anterior gobierno.
Esa decisión se tomó después de que la Corte devolvió en una primera oportunidad la reforma para corrección del Congreso, el gobierno, a través del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, citó a sesiones extraordinarias para corregir los errores detectados, pero como no se conocía la decisión de fondo la ley volvió a salir con nuevos vicios de trámite.
El fallo de la Corte Constitucional dejó en firme varios cambios importantes sobre el sistema pensional colombiano como el porcentaje de las cotizaciones obligatorias que deberán dirigirse a Colpensiones, la creación de un fondo administrado por el Banco de la República para manejar los recursos de los afiliados y la organización del sistema en pilares solidarios: semicontributivo y contributivo.

Uno de esos artículos claves que tendrá que corregir el Congreso fue el que estableció el descuento de 50 semanas de cotización por cada hijo, máximo tres hijos o 150 semanas en total, para mujeres afiliadas que cumplan la edad mínima de pensión y les falten semanas para completar el requisito.
