El Ministerio del Trabajo anunció formalmente la inclusión de las organizaciones de trabajadoras domésticas en la mesa de concertación del salario mínimo para 2027.
El anuncio se da en medio de un contexto de negociación en el que los gremios solicitan un incremento de un solo dígito, entre el 8 % y el 9,5 %, mientras que las centrales obreras exigen un aumento del 38,5 %.
Con la incorporación de estas organizaciones, se busca tener en cuenta la voz de un sector históricamente informal y definir la remuneración que regirá en 2027 bajo criterios de sostenibilidad económica e inclusión social.
La invitación formal fue realizada por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, durante una jornada de diálogo institucional.
“Recibimos con mucha alegría esta invitación porque representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación. Queremos participar, aportar desde nuestra experiencia y contribuir a decisiones que respondan a las realidades de nuestro sector”, señaló Claribet Palacios García, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD).
¿Cuáles son las peticiones de las organizaciones de trabajadoras domésticas?
Durante la reunión con la cartera laboral, organizaciones como la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar, Sintrahop, la Asociación Trabajar, Sintra Emagra y Sintra Emprusa solicitaron tener en cuenta varios puntos fundamentales para su sector.
Entre sus peticiones destacan los ajustes en la remuneración, una propuesta formal de incremento salarial, soluciones frente al auxilio de transporte, así como garantías de formalización e inspección laboral.
Como respuesta, la cartera laboral acordó presentar una propuesta de cronograma el próximo 5 de noviembre para construir conjuntamente el plan de trabajo de 2027, cuyas mesas técnicas están contempladas para iniciar en la segunda semana de enero.
¿Cómo se decide el salario mínimo en Colombia?
Esta importante discusión está regulada por la Ley 278 de 1996 a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La mesa está integrada por el Gobierno nacional, los gremios de empleadores y las principales centrales sindicales, espacio al que ahora se suman las organizaciones de trabajadoras domésticas.
Para fijar el alza, la comisión debe analizar el índice de precios al consumidor (IPC), la meta de inflación del Banco de la República, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la productividad total de los factores (PTF).
La integración de estas variables bajo la regla técnica tradicional (inflación más productividad) determina el porcentaje de aumento. Actualmente, el salario mínimo base para 2026 se sitúa en $1.750.905 COP, más un auxilio de transporte de $249.095 COP, para un ingreso total de $2.000.000 COP.
Si las partes logran un consenso dentro del plazo legal estipulado (entre el 15 y el 30 de diciembre), se expide un decreto conjunto. En caso de que no haya acuerdo al 30 de diciembre, el Gobierno nacional tiene la facultad legal de fijar el ajuste mediante decreto presidencial unilateral.