Uno de los primeros grandes desafíos que tendrá la ministra de Trabajo, Natalia López, será la negociación del salario mínimo, un proceso rutinario que generaba ruido todos los fines de año, pero que en 2025 adquirió otro nivel, pues no solo terminó con uno de los incrementos más altos de la historia del país, sino que incluyó un nuevo concepto: el salario mínimo vital.
Este concepto, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es más aspiracional que real, según Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo del Externado. Aunque considera deseable que los salarios permitan una vida digna, advierte que esto puede chocar con la baja productividad laboral de Colombia. Aclara, además, que la OIT precisa que hay que mediar entre aspiraciones de los trabajadores (salario vital) y condiciones de la economía. “Nunca ha dicho que haya que adoptar el salario vital como sea, tal como anunciaba el Gobierno anterior”.
Desde el actual Ministerio de Trabajo ya descartaron que el salario vital vaya a entrar en la negociación, pese a que los sindicatos lo utilizan como argumento para pedir un incremento incluso superior al 23 por ciento de 2026.
La idea ahora es que el ajuste para 2027 responda a la inflación y a la productividad, mientras el Consejo de Estado tiene pendiente una decisión de fondo sobre la legalidad del decreto que dio origen al aumento anterior.
En febrero, el alto tribunal suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo en 1.750.905 pesos. La decisión obligó a expedir un nuevo acto administrativo, pero mantuvo abierta la discusión jurídica. El Ejecutivo respondió con el Decreto 159 de 2026, que conservó el mismo incremento y seguirá vigente mientras se resuelve el proceso.
Camilo Cuervo, abogado laboralista, cree probable que el alto tribunal anule el decreto original, aunque sin afectar los salarios ya pagados ni los derechos adquiridos. A su juicio, la decisión tendría consecuencias principalmente políticas, en plena negociación del aumento para 2027.
Para los economistas del Banco de Bogotá, un ajuste técnico del salario mínimo sería del 8 por ciento, dada una inflación proyectada del 6,8 por ciento y una productividad del 1,2 por ciento. Sin embargo, prevén un alza del 8,5 por ciento, que lo llevaría a 1,89 millones de pesos mensuales, sin auxilio de transporte.
Cuervo advierte que los sindicatos podrían cuestionar cualquier aumento considerablemente inferior al del año anterior, aunque precisa que un menor porcentaje de ajuste no significa una reducción nominal del salario. “Una cosa es no subir y otra cosa es bajar, y aquí no va a haber ninguna disminución”, afirma.
No obstante, duda de que el Gobierno mantenga un criterio estrictamente técnico y advierte que decisiones recientes sobre combustibles podrían anticipar medidas populares, pese a sus costos económicos. Por esta razón, no descarta que el incremento supere el 10 por ciento.
En el Banco de Bogotá también reconocen el peso de la política en estas negociaciones: históricamente, los primeros aumentos salariales de cada gobierno suelen ser inferiores a los últimos.