El pasado 19 de marzo, un pronunciamiento conjunto del Ministerio de Hacienda y Colpensiones advirtió que continuará el trámite de una de las iniciativas más polémicas del Gobierno: un proyecto de decreto para trasladarle a Colpensiones más de 25 billones de pesos de las cuentas de ahorro individual de los trabajadores que se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado prevista en la reforma pensional, recursos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En el documento se advierte que desde julio de 2024 se han trasladado más de 122.000 afiliados de los fondos de pensiones privados a Colpensiones, representando aportes por 25 billones de pesos. Y se les han reconocido pensiones a más de 24.000 afiliados, “los cuales han sido atendidos y pagados por Colpensiones, representando aportes superiores a 5,4 billones de pesos”.
Asofondos ha advertido que el proyecto de decreto, contrariando lo que dice expresamente la Ley 2381 de 2024, exige que las AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) giren a Colpensiones, 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado esta ventana. “De esta forma, el Gobierno podría utilizar los ahorros pensionales en una forma que no está prevista en la ley aprobada por el Congreso de la República”.
El gremio explicó que una de las cosas que se logró en el trámite de la reforma pensional fue la creación de un fondo público pensional, administrado por el Banco de la República, para garantizar el pago futuro de las pensiones que se otorguen bajo la Ley 2381, es decir, que tales recursos deberían ser ahorrados y tendrían como único destino el fondo de ahorro del pilar contributivo, que respalda las pensiones públicas en el largo plazo.
El pronunciamiento más reciente contra la iniciativa del Gobierno lo hizo la Contraloría General, que advirtió la “inviabilidad” del proyecto. Para este ente de control resulta preocupante que en dicho panorama los recursos de ahorro pensional puedan convertirse en gasto corriente. En el análisis que realiza el órgano de control, se evidencia la posibilidad de que el traslado total de los recursos acumulados a Colpensiones implique que los dineros destinados originalmente al ahorro pensional de largo plazo se utilicen para financiar gasto corriente asociado al pago de mesadas.
Si bien el proyecto de decreto se fundamenta en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, para ordenar el traslado de los recursos, el mismo artículo establece de manera expresa que el dinero de las cuentas de ahorro individual debe continuar siendo administrado por los fondos, hasta el momento en que se consolide el derecho pensional.
En consecuencia, advierte la Contraloría, no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho a pensión.
Además, sobre las 18.507 personas que cuentan con ese derecho y que se trasladaron hacia el Régimen de Prima Media, las administradoras de fondos han señalado la imposibilidad de efectuar el traslado de dichos recursos, pues el Decreto 1225 de 2024, que reglamenta la Ley 2381 de 2024, menciona que los recursos deben seguir en las AFP, mientras no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Por su parte, el Banco de la República señaló que esta propuesta podría tener problemas con lo establecido en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. “Dicho parágrafo señala que los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que utilicen el mecanismo de traslado deberán continuar siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión bajo el régimen anterior”, señala el Banco de la República.
La preocupación de Asofondos va hasta el campo jurídico. Andrés Velasco, presidente del gremio, advierte que, de firmarse el decreto, acudirá de inmediato a la justicia para frenarlo.
“Nos toca demandar el decreto y pedir medidas cautelares urgentes”, le dijo a El Tiempo, al considerar que la orden de traslado en 15 días expone los recursos de los afiliados. Velasco manifestó que el Gobierno está ignorando deliberadamente el marco legal. “Estos recursos tienen vocación de ahorro y la ley es clara en que deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se consolide la pensión”.