En medio del remolino que se ha desatado en Colombia debido a la llegada del fenómeno del Niño en el segundo semestre, se cuajó la polémica alrededor de la subasta de energía por confiabilidad, que no es otra cosa que contratar a largo plazo la energía en firme, para tratar de asegurar el abastecimiento.
Mientras el ministro de Minas, Edwin Palma, ha criticado el llamado cargo de confiabilidad que llega en la factura a los usuarios, según la fórmula de cobro del servicio, hay preocupación por la ampliación de los tiempos para la subasta de confiabilidad.
Un proyecto de Resolución fue emitido por la CREG-Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el que se propone ampliar en 35 días hábiles el plazo para la presentación de las garantías financieras de la subasta del Cargo por Confiabilidad.
En respuesta, la Cámara Colombiana de la Energía - CCEnergía presentó sus reparos. “Si bien la medida es una señal muy positiva para el sector, resulta indispensable ajustar de fondo las variables económicas que garantizan la viabilidad y el éxito de este mecanismo”, advierten.
Para el gremio, extender el plazo es bueno, porque otorga el tiempo suficiente para que las entidades financieras nacionales e internacionales se ajusten a los procesos de aprobación y emisión de garantías y coberturas, así como para la estructuración de los contratos de suministro de combustible indispensables para participar en la subasta.
Sin embargo, advierte la Cámara, el problema es que solo se plantea la medida desde la perspectiva del Ministerio de Minas, que, entre otras, ha recalcado la necesidad de proteger los incrementos abruptos en las facturas para los usuarios, cuando se presenten cambios en los precios internacionales de los combustibles, que terminan aumentando el costo de generar la energía.
Una explicación al reparo
Para la Cámara de la Energía, “el verdadero desafío del proceso actual radica en el desfase de las variables económicas. Las validaciones del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) se realizaron bajo un precio de escasez indexado a marzo de 2026, un escenario superado por el incremento abrupto y acelerado de los precios internacionales del crudo y sus derivados”, afirma el gremio.
En consecuencia, agregan que mantener intactos los criterios económicos y las referencias temporales para validar los costos variables de combustible, mientras solo se modifican los plazos documentales, “limita drásticamente el efecto práctico de la norma, dejando por fuera del mercado a plantas térmicas clave cuyas realidades de costos no coinciden con la fotografía regulatoria anterior”.
Se requieren medidas de fondo
La Cámara de la energía también pone de presente que panorama se agrava ahora con el Fenómeno de el Niño. Por ello, hacen un llamado a la CREG para que complemente la ampliación de plazos con medidas de fondo.
Lo pendiente sería abordar de manera integral la problemática relacionada con la validación económica de los combustibles, dice la Cámara en su pronunciamiento.
“Habilitar una actualización extraordinaria del Precio de Escasez y a revisar los criterios de cálculo de los costos de planta centralizada y los costos variables de combustibles, bajo las condiciones actuales del mercado internacional”, argumentaron.
Tomar ese camino sería la única forma de lograr la ampliación efectiva para que se produzca la firmeza del Sistema Interconectado Nacional, concluyeron.