Colombia busca fortalecer la protección y el aprovechamiento de sus minerales estratégicos, en un escenario en el que recursos como el cobre, el níquel, el litio y las tierras raras cobran cada vez mayor relevancia para la transición energética, la industria tecnológica y la seguridad económica mundial.
En ese contexto, el Gobierno puso a consideración un proyecto de resolución que ampliaría de 17 a 28 los minerales considerados estratégicos para el país.
La iniciativa, sin embargo, también plantea interrogantes sobre las condiciones regulatorias e institucionales para explorar y explotar estos recursos, atraer inversión privada, impulsar una industria de transformación y evitar que su aprovechamiento termine fortaleciendo las economías ilegales.
La discusión también pone sobre la mesa el papel del Estado en la administración de estos recursos, las oportunidades de cooperación internacional y la necesidad de consolidar un modelo que permita generar mayor valor agregado, empleo y desarrollo industrial.
SEMANA dialogó con Manuel José Ocampo, asociado en Holland & Knight, para analizar los alcances de esta propuesta, sus implicaciones jurídicas y económicas y los principales desafíos que enfrenta Colombia para aprovechar su potencial minero.
SEMANA: ¿Qué significa para Colombia ampliar de 17 a 28 los minerales estratégicos y qué efectos jurídicos y económicos concretos tendría esta nueva clasificación?
Manuel José Ocampo (M. O.): La ampliación de los minerales considerados estratégicos en Colombia tendría tres efectos principales. El primero sería la derogatoria de la Resolución 1006 de 2023 de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante la cual se determinó cuáles serían estos minerales.
El segundo es que le otorgaría a la ANM la potestad de delimitar Áreas Estratégicas Mineras (AEM), en las que podrían adelantarse procesos de selección objetiva de contratistas para desarrollar proyectos de exploración y explotación de estos recursos.
Finalmente, le brindaría al Estado la posibilidad de adelantar procesos de conocimiento geocientífico que permitan investigar y conocer mejor el potencial de estos minerales, fundamentales para los procesos de transición energética, industrialización, seguridad alimentaria y desarrollo de infraestructura pública.
SEMANA: ¿Cuenta Colombia con las condiciones regulatorias, institucionales y de seguridad jurídica necesarias para atraer inversiones que permitan explorar y aprovechar estos recursos?
M. O.: Considero que sí, pero es necesario que exista mayor voluntad política para materializar los instrumentos que ya están disponibles.
Desde 2011, tanto el Congreso como las autoridades del sector minero —el Ministerio de Minas y Energía (MME), la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC)— han trabajado en la estructuración y el fortalecimiento de un marco regulatorio que permite que los minerales estratégicos tengan un modelo de desarrollo distinto al de otros minerales.
Por esta razón, el Estado tiene la facultad de delimitar Áreas Estratégicas Mineras y, posteriormente, adelantar procesos de selección objetiva para escoger a los contratistas que ofrezcan las mejores condiciones en términos económicos, ambientales, sociales y laborales.
El reto está en que esa claridad normativa se traduzca en el impulso de las denominadas rondas mineras y en la materialización de los beneficios que estos procesos deben representar para el país. En ese sentido, la suscripción en octubre de nuevos contratos mineros como resultado de estas rondas fue recibida en el sector como un mensaje positivo. Ahora se espera que continúen concretándose resultados de esta naturaleza.
SEMANA: ¿Qué oportunidades y riesgos representa el acuerdo de cooperación con Estados Unidos y cómo garantizar que Colombia conserve su autonomía sobre estos recursos estratégicos?
M. O.: Lo primero que es importante señalar es que la suscripción de un memorando de entendimiento entre dos Estados no implica necesariamente la adopción de obligaciones o cargas para alguna de las partes. Como se establece en el propio documento, su naturaleza es no vinculante.
No obstante, su firma demuestra una intención de colaboración con Estados Unidos que, si se desarrolla adecuadamente, podría traer beneficios para Colombia, en la medida en que permitiría contar con un aliado para la comercialización de los minerales estratégicos que se exploten en el país.
Ahora bien, es fundamental que el marco jurídico que se estructure para materializar estos entendimientos privilegie el respeto por las comunidades y el medioambiente. También debe permitir una explotación racional de los recursos y promover el fortalecimiento de encadenamientos productivos alrededor de los proyectos mineros.
SEMANA: ¿Cómo evitar que la explotación de minerales estratégicos fortalezca las economías criminales y qué mecanismos deben garantizar la protección ambiental y los derechos de las comunidades?
M. O.: Desde la academia se ha planteado en diferentes espacios la necesidad de que la extracción ilícita de yacimientos mineros sea considerada un crimen de carácter transnacional. Esto permitiría buscar la cooperación y el apoyo de otros Estados para combatir esta actividad. Sería importante que el Gobierno nacional entendiera la dimensión del problema y actuara en esa dirección.
Por otra parte, es fundamental dar continuidad a los procesos de formalización minera que se han venido adelantando desde hace varios gobiernos. Esto permitiría diferenciar a los mineros tradicionales y artesanales que tienen la voluntad de formalizar su actividad de aquellos actores que realizan actividades ilícitas y no tienen intención de incorporarse a la legalidad.
Esa diferenciación es necesaria para construir una política minera que permita fortalecer la pequeña minería y, al mismo tiempo, combatir las estructuras criminales que se benefician de la extracción ilegal de recursos.
SEMANA: ¿Qué necesita Colombia para dejar de ser principalmente un proveedor de materias primas y desarrollar una industria capaz de procesar y transformar estos minerales, generando mayor valor agregado, empleo y competitividad?
M. O.: Lo primero que debería hacer Colombia es materializar el Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico, que permita identificar y consolidar la información necesaria sobre el suelo y el subsuelo colombiano. Es fundamental conocer realmente nuestro potencial geológico para tomar decisiones informadas sobre el aprovechamiento de estos recursos.
A partir de ese conocimiento, se debe continuar con la identificación de minerales estratégicos y la formulación de políticas públicas orientadas a su exploración y aprovechamiento. Posteriormente, será necesario fortalecer las cadenas productivas que permitan agregar valor a estos minerales, particularmente al oro y al cobre, que ya se producen en Colombia.
También es importante que los programas de formalización minera continúen fortaleciéndose, de manera que se impulse la asociatividad de la pequeña minería en el país.
Finalmente, se deben estructurar proyectos de financiación e incentivos específicos para promover la transformación de los minerales extraídos en Colombia.
Para ello, es fundamental contar con un marco normativo que brinde estabilidad y seguridad jurídica a las inversiones, así como con incentivos que, siguiendo referentes como los establecidos en las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, impulsen la investigación, el desarrollo del talento y la incorporación de tecnología en el país.
El objetivo debe ser que Colombia no se limite a extraer y comercializar sus recursos minerales, sino que también desarrolle capacidades industriales y tecnológicas que le permitan participar en los distintos eslabones de las cadenas de valor.