En el Gobierno de Gustavo Petro, la minería fue uno de los sectores que marcó una división entre el enfoque estatal, con una profunda carga ideológica sobre el papel de esta actividad productiva –y en especial del carbón, uno de los productos estrella de este portafolio en Colombia- y las realidades y preocupaciones empresariales.
Según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el sector enfrentó y resistió cuatro años de un Gobierno adverso: “Fue un periodo marcado por una ambición regulatoria sin precedentes, mensajes públicos polarizantes, que señalaban directamente a la industria minera. También por múltiples intentos para acabar la actividad minera formal”.
Sin embargo, Nariño destaca que, gracias al trabajo técnico y estratégico del gremio, se lograron contener muchos riesgos y defender la institucionalidad minera.
“Algo importante cambió durante los últimos años, el país empezó a entender mejor el papel de la minería para el desarrollo económico y social de Colombia. Hoy el sector cuenta con nuevas solidaridades y una conversación mucho más amplia e informada sobre la importancia para el país y las regiones de la minería moderna, responsable y competitiva”, agregó el dirigente gremial.
A su juicio, la principal dificultad fue la incertidumbre generada por la expedición de múltiples decretos y resoluciones. De acuerdo con sus cálculos, durante este gobierno el sector enfrentó más de 144 iniciativas regulatorias que afectaron la confianza inversionista y la competitividad del país.
Nariño resaltó, entre ellas, la no deducibilidad de las regalías, una medida que, según él, habría afectado profundamente la competitividad minera. “Esto demandó un trabajo serio y técnico por parte de la ACM para derrotar los argumentos presentados por el Gobierno ante la Corte Constitucional”, dijo.
Otra gran dificultad que enfrentó el sector fue el deterioro de la seguridad en los territorios mineros, el avance de las economías criminales y un ataque constante hacia sectores puntuales como el carbón.
“Adicionalmente, manifestó Nariño, durante estos años se promovió una narrativa ambiental muchas veces alejada de la realidad técnica, intentando enfrentar minería y sostenibilidad de manera irresponsable, muchas veces con intereses políticos”.
Frente a las tareas pendientes para priorizar, Nariño señaló que durante estos cuatro años gran parte de la energía del gremio estuvo enfocada en defender la actividad minera, contener riesgos regulatorios, proteger la competitividad del sector y responder a un entorno que, en muchos momentos, fue adverso para la minería.
“Eso hizo que muchas discusiones que deberían haber estado centradas en exploración, competitividad, minerales estratégicos, innovación o desarrollo de nuevos proyectos pasaran a un segundo plano. En lugar de dedicar los esfuerzos a acelerar el crecimiento del sector, buena parte de los esfuerzos se destinaron a preservar las condiciones mínimas para que la industria pudiera seguir operando, invirtiendo y generando valor para el país”, añadió.
Sin embargo, a pesar de ese complejo escenario, el dirigente gremial destacó que se construyó una mayor unidad dentro del sector, al fortalecer el trabajo conjunto entre empresas y la asociación. En desarrollar una verdadera contracultura frente a una narrativa que, durante años intentó presentar a la minería como un problema y enemigo y no como una oportunidad para Colombia.
De cara a lo que viene con el nuevo gobierno, Nariño explicó que debe concentrarse en seis prioridades. La primera, que Colombia debe decidir ser un país minero y actuar en consecuencia. La segunda, fortalecer la exploración para atraer inversión y conocer el potencial geológico del país. La tercera, rodear la industria que hoy genera empleo, exportaciones y desarrollo regional. La cuarta, viabilizar los proyectos que están en fase final de exploración. La quinta debe ser restablecer la seguridad jurídica y la confianza inversionista mediante reglas claras y estables. Y finalmente, el Gobierno deberá combatir con decisión la extracción ilícita y criminal, que hoy, es una de las mayores amenazas ambientales y sociales para Colombia. La verdadera discusión ambiental no debe estar entre minería y sostenibilidad, si no entre institucionalidad y criminalidad”, argumentó. Para él, Colombia tiene una oportunidad única para convertir su riqueza natural en desarrollo, empleo y crecimiento regional, pero para lograrlo necesita decisiones claras y una visión de largo plazo para el sector.
De hecho, en los primeros cien días del nuevo gobierno, Nariño considera que lo primero que debe hacer la administración que llega es enviar señales claras de confianza y estabilidad: revisar y derogar normas que hoy generan incertidumbre o restringen “injustificadamente” la actividad minera, trabajar de manera coordinada con el sector productivo para construir una política pública de competitividad minera y una estrategia seria de atracción de inversión extranjera, y crear una hoja de ruta para reactivar la exploración minera en el país, agilizar permisos y fortalecer la seguridad en los territorios.
“Y, finalmente, asumir una decisión estratégica: Colombia debe definirse como un país minero y actuar en consecuencia si quiere competir globalmente y aprovechar el enorme potencial de recursos minerales y naturales que tiene para el desarrollo económico y la adición energética”, concluyó Nariño.