En el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada el pasado 11 de febrero por las inundaciones registradas en varios departamentos del país, el Gobierno nacional expidió el decreto 0227, mediante el cual habilita al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para financiar obras en unversidades ubicadas en territorios afectados.
“Con esta decisión, el Gobierno amplió temporalmente el alcance del FFIE, un fondo que hasta ahora solo podía financiar infraestructura educativa para los niveles de preescolar, básica y media. Con el nuevo decreto se habilita al fondo para intervenir también en universidades públicas ubicadas en las zonas de emergencia”, señaló la Presidencia de la República.
El Ministerio de Educación reportó inicialmente 426 sedes educativas afectadas, cifra que posteriormente aumentó a 763 establecimientos, especialmente en Antioquia, Córdoba y Magdalena. Adicionalmente, en un informe del Viceministerio de Educación Superior se indica que las afectaciones se concentran en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre y Valle del Cauca, con cerca de 68.000 estudiantes afectados.
El decreto advierte que la crisis climática compromete directamente el funcionamiento del sistema educativo: “los efectos climático han afectado gravemente la infraestructura educativa, lo cual no solo compromete la disponibilidad física de establecimientos, sino que incide de manera directa en la calidad del proceso educativo y la permanencia estudiantil”.
Con el decreto 0227, se establece que “el objeto del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa comprenderá la viabilización y financiación de proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura física y digital (…) necesarios para conjurar la emergencia declarada".
“La norma permitirá financiar soluciones rápidas como aulas modulares, adecuación de espacios, reposición de equipos y fortalecimiento de conectividad, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas en los territorios afectados”, subrayó la Presidencia
Otro decreto
Otro de los decretos, el 0214, adopta medidas especiales y transitorias para la facturación del servicio de energía eléctrica en los departamentos incluidos en la emergencia.
Entre las medidas se estableció lo siguiente:
—No habrá facturación del servicio de energía eléctrica a los usuarios afectados por la emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
—Para el pago del servicio durante el periodo anterior a la declaratoria de la emergencia económica, los prestadores deberán diferir o implementar mecanismos de pago por un plazo de 12 meses.
—Los prestadores del servicio podrán liquidar la facturación del servicio siempre y cuando resulte en una reducción del costo de la electricidad con respecto al esquema actual.
“Este régimen tarifario especial y diferencial se aplicará hasta un año después de haberse restablecido las condiciones técnicas necesarias para el suministro del servicio y los usuarios damnificados puedan hacer uso normal de los inmuebles de sus hogares”, señaló el Gobierno.