Del consejo de ministros realizado por el presidente Gustavo Petro en Cartagena surgen varias medidas que buscan obtener recursos para enfrentar financieramente la emergencia económica.
Además de la explicación hecha por el ministro Germán Ávila, según la cual, el impuesto al patrimonio a personas jurídicas, que sería el primero de varios decretos relacionados con el paquete impositivo que se emitirá; la ministra de Medio Ambiente (e), Irene Vélez, también habló de otra carga.
Según lo explicado por Vélez, estaría dirigida directamente a las empresas generadoras de energía, tanto las hidroeléctricas como las centrales térmicas que están ubicadas u operando en cuencas afectadas por la situación de excepción: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Esas empresas serían las llamadas a transferir el 2 % adicional de las ventas brutas de energía por generación propia durante seis meses.
Los recursos serán recaudados a través de las CAR-Corporaciones Autónomas Regionales, y solo se podrán ejecutar para adelantar medidas ambientales y de gestión del riesgo, explicó la ministra.
Hay que recordar que en el anterior decreto de emergencia económica emitido por el gobierno, que fue suspendido temporalmente por la Corte Constitucional, había otros impuestos, entre ellos, también dirigidos a las generadoras. Sin embargo, en el entendido en el cual, en la nueva declaratoria de emergencia económica no podrían utilizar las mismas medidas que se contemplaron en la anterior, ahora había que buscar otro camino y es la nueva carga para las generadoras, pero planteada de forma distinta.
Así lo explicó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de generadoras de energía.
“Ahora no es un impuesto sobre las utilidades obtenidas en el año anterior, sino que se plantea como una contribución que está relacionada con la Ley 99 de 1993, y es el pago que se hace por transferencias del sector eléctrico al Sistema Nacional Ambiental-Sina”.
El directivo gremial recordó que en la actualidad, las generadoras térmicas pagan el 4 % y las hidráulicas el 6 % para el Sina. En consecuencia, la medida anunciada implicaría un 2 % adicional. Es decir, en un caso pasarían del 4 al 6 y del 6 al 8 % en el otro.
Entonces, ¿se encarecerá la energía?
Al ser cuestionado sobre si este nuevo panorama impositivo para las generadoras de energía llevaría a riesgo de incremento en los precios al consumidor, Castañeda dijo que aún es prematuro, pues están realizando los análisis para determinar los efectos de la medida.
Mientras tanto, aseguró que, sin duda, las generadoras tendrán mayores costos, principalmente, por la decisión de imponer un impuesto al patrimonio con la tarifa más alta para el sector minero energético.
En relación con poder trasladar los costos al usuario, allí estaría el freno, pues este sector es altamente regulado y las fórmulas para el cobro de la energía están establecidas. Es así como, los contratos para tenerla, en más o menos en el 80 % ya están suscritos, por lo tanto, no habría de donde subir. Si se pone el ojo en los precios en bolsa de la energía, en la actualidad deberían estar cayendo, porque hay mucha agua en los embalses para generar. Por consiguiente, los precios de la energía no podrían subir.
Sin embargo, Castañeda explica que en teoría, el mayor costo si se podría trasladar al precio, porque el tema no es de corto plazo.
El decreto anunciado tiene una medida que va por 6 meses. Vía contratos no se moverían los costos, porque la mayoría van hasta finales de año. Pero vía precio en bolsa si podría haber una tendencia al ajuste en los próximos meses. Por allí sí podrían subir los precios de la energía.