En el Catatumbo, el conflicto armado no solo se mide por los enfrentamientos entre grupos ilegales o las cifras de desplazamiento. También se refleja en los pupitres vacíos.
Más de 1.100 niños y adolescentes permanecen por fuera de las aulas porque las condiciones de seguridad siguen sin permitir el funcionamiento normal de varias instituciones educativas.
La situación afecta a 17 sedes escolares, donde la presencia de minas antipersona y otros artefactos explosivos representa un riesgo para estudiantes, profesores y personal administrativo. Mientras no exista una intervención que garantice el desminado de estos espacios, las clases continúan suspendidas.
El panorama fue expuesto por el alto consejero para la paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, durante una reunión de empalme con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Allí se advirtió que el acceso a la educación se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente la región.
La emergencia educativa es apenas una parte de una crisis humanitaria mucho más amplia. En el último año, el Catatumbo ha sido escenario de una intensa disputa territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33, una confrontación que ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, ha restringido la movilidad de comunidades enteras y ha aumentado el riesgo para la población civil.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, la escalada violenta transformó la vida cotidiana en varios municipios. Los confinamientos, el control de corredores estratégicos y la instalación de explosivos han limitado actividades tan básicas como trabajar, recibir atención médica o asistir al colegio.
En medio de ese panorama, la educación sigue siendo una de las principales víctimas. Muchos estudiantes han tenido que interrumpir su proceso académico o depender de estrategias temporales mientras esperan que las autoridades puedan recuperar las condiciones de seguridad alrededor de sus escuelas.
Las autoridades regionales insistieron en que el retiro de las minas y la protección de los entornos educativos son medidas urgentes para evitar que cientos de menores continúen perdiendo meses de formación por causa de un conflicto que, lejos de disminuir, sigue dejando nuevas afectaciones en el Catatumbo.