La ministra de Educación, Viviane Morales, respondió a los cuestionamientos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) frente al proyecto de decreto publicado por la cartera, relacionado con la posibilidad de desarrollar estrategias pedagógicas mediante contratos con iglesias o confesiones religiosas.
El pronunciamiento de la funcionaria se dio luego de que Fecode expresara su rechazo a la iniciativa y señalara que podría afectar la separación entre Iglesia y Estado en el sistema educativo colombiano.
“Por años, el país dio una fuerte lucha por la correcta separación de Iglesia y Estado, en particular, contra el absoluto control eclesiástico de la educación. Hoy, esa lucha histórica podría borrarse con un solo ‘decretazo’. Llamamos a un gran frente unido contra la reforma al decreto 1075, propuesta por el actual Ministerio de Educación”, afirmó la organización sindical en una publicación en redes sociales.
Ante esta posición, la ministra Morales aseguró que el proyecto de decreto no establece una nueva figura dentro del sistema educativo, sino que recoge disposiciones que hacen parte del marco jurídico colombiano.
“El proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Educación reproduce algo vigente desde hace más de treinta años”, afirmó Morales.
La ministra explicó que los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015.
Además, señaló que la Corte Constitucional ha avalado este tipo de colaboración entre el Estado y organizaciones religiosas bajo los parámetros establecidos por la Constitución.
“Y sí, la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas. Nada de decretazo”, manifestó la ministra.
El debate se centra en la modificación propuesta al Decreto 1075 de 2015, norma que reúne la reglamentación del sector educativo. Mientras Fecode sostiene que la iniciativa podría representar un retroceso en la separación entre las instituciones religiosas y el Estado, el Ministerio de Educación argumenta que la medida corresponde a una regulación existente y respaldada jurídicamente.