La situación pensional de Colombia pone cada vez más contra la pared a los administradores de fondos de pensiones, ya sean privados o públicos, principalmente por aspectos como el gran número de personas que no logran jubilarse y el envejecimiento de la población; los cuales están generando fuertes cargas sobre la fuerza laboral.

Prueba de esto se aprecia en un estudio revelado el mes pasado por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, el cual indica que solo 1 de cada 9 personas en el régimen público logra pensionarse. Al tiempo que advierte la importancia de acabar con las megapensiones.

Expertos en este tema aseguran que al país le urge una reforma pensional que analice, entre otras cosas, la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, repartir equitativamente el dinero de los fondos y subsane los vacíos que dejan desprotegidos a miles de personas que no alcanzan la pensión.

Estos son los cambios que pueden presentarse en la boca, durante el envejecimiento. | Foto: Getty Images

Asofondos calificó como regresivo que el 80 % de los subsidios en el régimen público se usan para favorecer a menos del 40 % de los afiliados, quienes generalmente son los que más ganan, en vez de apoyar a las personas que no lograron una pensión o tienen una muy baja.

Quienes hablan sobre este tema coinciden en la importancia de pensar en quienes no logran jubilarse, puesto que quedan desamparados en una etapa de la vida en la que la capacidad de trabajo tiende a reducirse, así como las oportunidades de ingresar al mercado laboral.

Ahora bien, un nuevo actor se unió esta semana al debate, proponiendo la creación de un auxilio universal para las personas que queden por fuera del sistema pensional. Se trata de la Fundación para el Desarrollo y la Educación Superior (Fedesarrollo), que desde su Centro de Investigaciones advirtió que la crisis de este tema no da espera en el país

Fedesarrollo presentó esta semana el proyecto ‘Qué hacer en políticas públicas’, en el que hay 16 documentos sobre diversos temas: económicos (empleo e impuestos), sociales (salud y educación) e institucionales (descentralización y corrupción).

En el capítulo de pensiones, esta fundación sostiene que ve con preocupación la baja cobertura del sistema de protección, puesto que apenas un 25 % de la población mayor se pensiona y otro 25 % recibe subsidios no contributivos de Colombia Mayor.

“Solo les entregan la plata que alcanzaron a ahorrar, ajustada a la inflación, es decir que no reconoce una tasa de interés real, y por eso las devoluciones son siete veces menores que en los fondos de pensiones privados, es 7 a 1 (...) además de esto, se dan los subsidios a los que sí se jubilan y se dejan por fuera a quienes no lo logran”, indicó Correa.

Ante esto, Fedesarrollo propuso crear un auxilio universal de 500 mil pesos a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión del sistema obligatorio actual o que no la reciban en el futuro de acuerdo con una regla de transición (por ejemplo, diez años).

El adulto mayor es una prioridad para Porvenir. | Foto: iStock

Este subsidio partiría de lo que se hace actualmente con Colombia Mayor, aumentando el monto y la periodicidad con la que se entregan, a fin de garantizar una vejez digna para las personas que no logren su pensión y de esta manera evitar una depresión en su economía y caída del poder adquisitivo.

Otra propuesta frente a este tema, fue la creación de un pilar contributivo obligatorio de ahorro individual, en el que participarían los actuales fondos privados, Colpensiones y otros mecanismos de ahorro debidamente regulados y supervisados; para que de esta forma se profundice la competencia. Las tasas de contribución quedarían como están actualmente, pero se eliminaría el aporte al fondo de garantía de pensión mínima, de tal manera que 13 puntos porcentuales (pps) de los 16 pps ingresarían a la cuenta del cotizante.

Por último, la Fundación para el Desarrollo y la Educación Superior planteó la posibilidad de fomentar el ahorro voluntario individual, manteniendo los incentivos hasta un tope definido en unidades de valor tributario. Esto con el fin de evitar que las personas se descuiden con este tema y queden desprotegidos cuando sean adultos mayores.