En Colombia, el cuidado de personas dependientes (especialmente adultos mayores o personas con discapacidad) ha sido históricamente una responsabilidad asumida por las familias, muchas veces sin respaldo económico ni reconocimiento institucional.
Este escenario ha generado debates sobre el papel del Estado frente a quienes deben dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de parientes.
Según decisiones recientes de la Corte Constitucional, el cuidado ha sido reconocido como un asunto de interés público, al punto de considerarse un derecho que requiere apoyo estatal en determinados casos, especialmente cuando hay condiciones de vulnerabilidad.
Esto ha abierto la puerta a mecanismos de protección para cuidadores.
En ese marco, surgió una pregunta concreta que empieza a tomar relevancia: si una persona deja de trabajar para cuidar a un familiar, ¿puede acceder a algún tipo de ingreso o pensión en Colombia?
Según la ley, no existe una “pensión directa” automática por cuidar a un familiar. Sin embargo, sí hay figuras y mecanismos que pueden derivar en apoyos económicos bajo condiciones específicas.
Uno de los principales caminos está relacionado con decisiones judiciales. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha establecido que, en ciertos casos, las EPS deben asumir el costo de un cuidador cuando se cumplen requisitos como orden médica, imposibilidad de la familia para prestar el servicio y falta de recursos económicos.
Para que un cuidador pueda recibir este respaldo, debe demostrarse que el paciente requiere asistencia permanente y que no puede tener otra fuente de ingresos por dedicar el tiempo al cuidado. En esos casos, el sistema de salud puede asumir ese costo como un servicio complementario, aunque no forme parte del plan básico de salud.
Otro de los aspectos que genera dudas es la duración del beneficio. Según lo explicado en el programa de televisión Clave de Retiro, la pensión podría ser vitalicia para el cuidador; sin embargo, a diferencia de otras pensiones, esta no se trasladaría a otros beneficiarios.
Además, existen otras alternativas indirectas. En el sistema de subsidio familiar, por ejemplo, se reconoce la figura del cuidador dentro del núcleo del trabajador.
La Ley 2225 de 2022 permite que un cónyuge o compañero permanente que no tenga ingresos y se dedique al cuidado de una persona con discapacidad pueda recibir un subsidio monetario, siempre que cumpla condiciones específicas como afiliación y certificación médica.
El rol del cuidador se trata de quien “apoya en tareas básicas cotidianas como higiene, alimentación o suministro de medicamentos” a una persona que no puede realizarlas por sí misma.
Este reconocimiento legal formaliza una actividad que durante años no tuvo respaldo institucional.