El riesgo de un futuro racionamiento en Colombia se mantiene en discusión y bajo advertencia debido principalmente al rezago de la entrada de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica, de los desafíos en la infraestructura en el país y de las políticas públicas contradictorias que desincentivan la confianza inversora.
Aunque los niveles actuales de embalse son favorables (superando el 80%), las alertas sobre el riesgo de escasez energética no se han levantado por completo.
Estos fueron los ejes del webinar ¿Está en riesgo la seguridad energética en Colombia?, que reunió a Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen; Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático; y Ricardo Sierra, presidente de Celsia. Todos coincidieron en la gravedad de la coyuntura y la necesidad de respuestas rápidas para una urgente regulación e inversión.
Gutiérrez enfatizó la solidez del sistema eléctrico colombiano gracias a un diseño robusto tras la crisis de los 90, “nuestro sistema tiene, y ha tenido históricamente unas fortalezas, que nos ha permitido estar encendidos durante treinta años, a diferencia de otros países que se han apagado y ese no es un tema menor”. La presidenta de Acolgen recordó que la combinación de grandes hidroeléctricas y térmicas garantiza la cobertura, mientras fuentes renovables como la solar y eólica suman en la diversificación.
Sin embargo, advirtió que el contexto cambió y hoy los desafíos superan los logros históricos: “La demanda está creciendo rápidamente, pero la oferta no está entrando a la misma velocidad que venía”.
Racionamiento silencioso
A principios de noviembre de este 2025, la Contraloría General de la República advirtió al Ministerio de Minas y Energía sobre riesgos crecientes que afectan la seguridad energética, incluyendo la baja inversión en hidrocarburos, que afectan la generación térmica y la necesidad de acelerar la diversificación de la matriz.
Aunque la cartera respondió al ente de control y mencionó que los riesgos actuales del sistema energético provienen del rezago de más de una década sin planeación, lo cierto es que el fantasma de futuros apagones aún existe.
Ante este panorama Ricardo Sierra, presidente de Celsia, manifestó la preocupación por los impactos del déficit, que ya se sienten en la práctica, “Digo que hay un racionamiento silencioso ya y es porque hoy tenemos clientes que nos buscan y nos dicen: ‘Queremos instalar un data center’. No hay capacidad de conexión”.
Sierra argumentó que menos del 25% de los proyectos de generación están logrando entrar en operación, con una demanda industrial que crece al 5% anual, el doble del promedio nacional. El directivo expresó que hoy empresas de distintos sectores deben frenar sus planes de expansión.
Visión legislativa
Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, abogado, especialista en Derecho Administrativo y Gerencia Pública, advirtió sobre las implicaciones de los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno. Se refirió a la propuesta de “ley tarifaria”, a la que denominó “la ley del apagón” al considerar que “realmente lo que hace es generar incertidumbre, espantar a los inversionistas”.
Además, resaltó la urgencia de garantizar, desde el Congreso, condiciones que den certidumbre a inversionistas para generar más confianza, más seguridad jurídica y alertó que la seguridad y transición energética “tienen que ser una política pública de Estado, no pueden ser un proyecto del gobierno de turno”.
Los tres participantes coincidieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes desde diferentes frentes para enfrentar los fantasmas de posibles apagones.