En Colombia, el acceso a la universidad sigue marcado por la capacidad económica de las familias. Aunque, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional, la cobertura bruta en educación superior (que mide el número total de matriculados frente a la población en edad de cursarla) alcanzó el 57,5% en 2024, la falta de recursos continúa siendo el mayor obstáculo para miles de jóvenes. Más de 2,5 millones de estudiantes están matriculados, pero el sistema de financiación –mezcla de becas, subsidios y créditos– no siempre compensa las brechas de acceso y permanencia.
“La financiación de la educación superior ha sido un motor de inclusión, pero también una fuente de inequidad si no se acompaña de políticas sostenibles y de apoyo estudiantil”, advirtió María Victoria Angulo, exministra de Educación.
Su diagnóstico resume el dilema de fondo: cómo garantizar que la educación sea un derecho y no una deuda. Para el exministro Alejandro Gaviria el problema no es solo de recursos, sino de visión: “Durante años hemos tratado la educación como una inversión privada, cuando en realidad es un bien público. Si un joven termina prisionero de su deuda, el sistema está fracasando”.
El giro del icetex
Mientras el Gobierno avanza en su apuesta por la gratuidad (900.000 jóvenes cursaron programas en universidades públicas sin costo a través del programa Puedo Estudiar durante el primer semestre de 2025 según datos oficiales), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) busca redefinir su papel dentro de un sistema donde el crédito educativo pierde centralidad. “Estamos dejando atrás la lógica bancaria para enfocarnos en la permanencia y el éxito académico”, afirmó Álvaro Hernán Urquijo, presidente de la entidad, que hoy enfrenta un proceso de transformación clave en su modelo de financiamiento: en febrero de 2025, anunció la suspensión de los subsidios de sostenimiento y a la tasa de interés, lo que incrementó las cuotas de los créditos hasta 50 por ciento y generó malestar entre los beneficiarios Urquijo explicó que ahora la institución busca “acompañar al estudiante en todo su ciclo educativo, no solo financiarlo”.
La historia del crédito educativo en Colombia ofrece lecciones valiosas. Un estudio del profesor Fabio Sánchez, de la Universidad de los Andes, sobre el programa ACCES del Icetex –implementado entre 2002 y 2014– demostró que sus beneficiarios alcanzaron mayores tasas de graduación e ingresos laborales más altos que los de sus padres, además de menores niveles de deserción entre estudiantes de estratos 1 y 2. El análisis sugiere que los créditos bien diseñados pueden ser herramientas de movilidad social, siempre que se acompañen de apoyo académico y condiciones de pago justas.
El reto de financiar juntos
Pero para muchos expertos, la sostenibilidad del sistema depende de algo más que de la acción estatal. “El futuro de la educación no puede seguir dependiendo de la capacidad de endeudamiento de las familias”, señaló Dionisio Vélez Trujillo, presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet). Su propuesta apunta a un modelo mixto en el que el Estado, las universidades y el sector privado compartan la responsabilidad del acceso y la permanencia.
Esa visión es compartida por Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien considera que las instituciones deben innovar internamente: “Las universidades tenemos que inventar nuevas formas de financiar el aprendizaje: fondos internos, esquemas progresivos y modelos que no excluyan a nadie por su condición económica”.
En la misma línea, Luz Ángela Díaz, directora de Evaluación, Permanencia y Éxito Estudiantil de la Universidad del Rosario, precisó que cerca del 25 por ciento de los estudiantes de la institución cuenta con algún tipo de apoyo financiero propio. “Lo que está pasando con el Icetex ha hecho que las universidades asumamos modelos de financiación interna, y a eso es lo que le estamos apuntando”, señaló. Para Díaz, más que reemplazar al Estado, se trata de responder a las brechas que deja el sistema de crédito tradicional y garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por razones económicas.
Desde otra orilla, Urquijo ha defendido que “la financiación de la educación superior es un esfuerzo de todos” y que las soluciones deben construirse de manera conjunta entre los distintos actores del sistema. Bajo ese enfoque, el Icetex impulsa esquemas de financiación compartida y modelos de pago diferido orientados a ampliar las oportunidades de acceso, especialmente para jóvenes de bajos ingresos y estudiantes de programas técnicos y tecnológicos.
En este debate, Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), advirtió que el país necesita un sistema de financiamiento mixto, estable y suficiente, que articule recursos tanto para la oferta como para la demanda educativa. “No podemos hablar de equidad si solo fortalecemos una parte del sistema. Las universidades públicas requieren más inversión directa, pero también debe garantizarse que los estudiantes de instituciones privadas, especialmente de estratos 1, 2 y 3, accedan a apoyos y créditos flexibles”, señaló.
Domínguez insistió en que las políticas de gratuidad deben ser sostenibles en el tiempo y contemplar a todo el sistema, recordando que el 44 por ciento de los estudiantes cursa sus estudios en universidades privadas. Su planteamiento resume una idea clave: sin equilibrio entre oferta y demanda, la ampliación de la cobertura puede terminar afectando la calidad y la sostenibilidad institucional.
Fondos que abren puerta
Ante este panorama, varias experiencias locales empiezan a marcar un camino alternativo. En Medellín, el Fondo Futuro –creado por las universidades Eafit, CES, EIA, Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín– financia hasta el ciento por ciento de la matrícula y define las cuotas de pago con base en el ingreso del egresado. Según Hernán Herrera, gestor del programa y director de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad Eafit, el fondo busca que los graduados no destinen más del 35% de su salario al pago del crédito, con el fin de evitar el endeudamiento excesivo y garantizar la permanencia estudiantil: “Así no se sienten agobiados”, dijo.
En Bogotá, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) impulsa el programa Fest Atenea, que otorgará 2.000 becas-crédito en 2025 con una inversión de 120.000 millones de pesos y la participación de 30 universidades. La estrategia está dirigida a jóvenes que ya estén admitidos en primer semestre o que cursen programas técnicos, tecnológicos o universitarios, y busca ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior. “Queremos que Bogotá se acerque a los estándares de los países desarrollados. Hoy 66 de cada 100 jóvenes acceden a la universidad; la meta es llegar a 80”, explicó su director Víctor Saavedra, quien mencionó que eso implica trabajar con todos los grupos poblacionales, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las universidades públicas y privadas.
Más allá de las estadísticas, la realidad se mide en experiencias concretas. Camilo Gil Orozco, de 18 años, cursa segundo semestre de Finanzas en la Universidad del Rosario. Eligió esa carrera, convencido de que los recursos pueden gestionarse de manera más justa para ampliar las oportunidades educativas. Se enteró del programa Fest Atenea por los medios, aplicó y desde entonces ha podido estabilizar los pagos de su matrícula. “Esta es una ayuda muy grande para personas de estrato medio, porque las del Gobierno son en su mayoría para los de estrato bajo. Nuestro sector suele quedar un poco de lado”, explicó. Su testimonio refleja una tensión latente en el sistema: los estratos medios, que no califican para subsidios plenos, suelen quedar atrapados entre el mérito y la deuda.
El caso de Camilo revela una paradoja estructural: las familias de clase media ocupan una zona gris del financiamiento educativo. No acceden a becas sociales ni subsidios, pero sus ingresos tampoco les permiten costear una universidad sin endeudarse. En la práctica, son los grandes ausentes de las políticas de alivio financiero, pese a que sostienen buena parte de la demanda del sistema. Su situación muestra que la equidad no depende solo del acceso, sino de la capacidad de permanecer y graduarse sin hipotecar el futuro.
Desde el sector privado, la Universidad de los Andes sostiene el fondo Quiero Estudiar, que cubre hasta el 95 por ciento de la matrícula mediante aportes institucionales y contribuciones voluntarias de egresados. “El verdadero impacto se mide cuando un graduado decide ayudar a que otro estudie. Ese es el círculo virtuoso de la equidad”, afirmó Mauricio Olivera, vicerrector administrativo y financiero.
Pese a los esfuerzos de los últimos años, la brecha territorial continúa siendo uno de los mayores retos de la educación superior en Colombia. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, la cobertura supera el 70% en departamentos como Santander y Bogotá, mientras que en regiones rurales del Caribe y el Pacífico no alcanza el 30 por ciento. Como señaló Vélez Trujillo, directivo de Aciet, estos contrastes muestran que el país ha avanzado en cobertura, pero no necesariamente en equidad.
Por eso, transformar la financiación en una política de corresponsabilidad y no de deuda se perfila como uno de los grandes desafíos del sistema educativo. En un país donde acceder a la universidad sigue siendo una meta difícil para miles de jóvenes, el futuro del crédito educativo definirá si se convierte en una herramienta de equidad o en una carga de deuda.