Christa Pike tenía 18 años cuando participó en un campamento de formación laboral en Tennessee y conoció a Colleen Slemmer, de 19. En 1995, Pike, su novio Tadaryl Shipp, de 17 años, y otro joven atacaron a Slemmer en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. La joven fue torturada y asesinada con un arma blanca.
Un año después, Pike fue condenada por el crimen y recibió la pena de muerte. Shipp, que era menor de edad, no podía ser condenado a la pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua.
Pike, en cambio, quedó durante décadas en el corredor de la muerte y se convirtió en el centro de un caso que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la pena capital en Estados Unidos.
La ejecución estaba prevista para el 30 de septiembre y, de concretarse, habría convertido a Pike en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.
Antes de esa fecha, sus abogados difundieron una grabación en la que la condenada habló sobre los años que pasó esperando la muerte.
“Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón”, dijo, y también afirmó que, pasara lo que pasara, su sufrimiento llegaría a otro punto.
El caso generó cuestionamientos porque durante el juicio no se expusieron los abusos sexuales y físicos que Pike sufrió durante su infancia.
Mientras estaba aislada, fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Sus abogados sostienen que esas condiciones influyeron en su estado mental al momento del asesinato.
Organizaciones y especialistas consideran que esos antecedentes podrían haber cambiado la sentencia si el caso se juzgara hoy. Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, sostuvo que Pike probablemente no recibiría hoy una condena capital. A comienzos de septiembre, expertos de la ONU pidieron detener la ejecución y conmutar la pena.
Amnistía Internacional impulsó una campaña para pedirle al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que interviniera. Mientras tanto, Pike hizo un pedido antes de la ejecución: según Ashlee Sellars, una amiga que conoció en prisión, quería que ningún familiar estuviera presente durante el procedimiento. “Ella no quiere que pasemos por eso”, explicó Sellars.
El caso de Pike plantea un contraste entre la gravedad del asesinato cometido en 1995 y las dudas sobre cuánto pesaron su historia de abusos, su salud mental y los estándares de justicia de aquella época.