La solicitud de eutanasia de María Consuelo Córdoba, sobreviviente de un ataque con ácido perpetrado por su exesposo hace más de 26 años, ha reabierto el debate público sobre la atención a las víctimas de estos delitos y el ejercicio del derecho a morir dignamente en Colombia.
En días recientes, las declaraciones de la activista Natalia Ponce de León y los pronunciamientos de la EPS Capital Salud sumaron nuevos matices a una historia marcada por complicaciones médicas y visiones encontradas sobre el acompañamiento recibido.
En entrevista concedida a la emisora Tropicana, Natalia Ponce de León, defensora de derechos humanos y presidenta de la fundación que lleva su nombre, abordó el estado actual de Córdoba, a quien afirma conocer desde hace varios años. Ponce de León explicó que, junto con la Secretaría de la Mujer de Bogotá, la entidad que lidera ha intentado realizar el seguimiento correspondiente al caso.
“Nosotros, con la Fundación Natalia Ponce de León, hemos tratado de acercarnos y hacerle el acompañamiento y seguimiento, que es nuestra misión en la fundación, a su caso, junto con la Secretaría de la Mujer”, sostuvo la activista durante la entrevista radial.
Ponce de León señaló que la paciente ha declinado en reiteradas ocasiones la ayuda institucional.
“Ella ha recibido ayuda de varias instituciones, de varias fundaciones, pero Consuelo no quiere ayuda de ninguna fundación ni de ninguna Secretaría de la Mujer”, afirmó.
Según su testimonio, la negativa también se habría presentado durante sus estancias en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, centro médico de referencia en la atención a personas quemadas, que cuenta con rutas específicas para víctimas de agresiones con químicos.
Las afirmaciones de la activista contrastan con declaraciones ofrecidas por la propia María Consuelo Córdoba en una entrevista publicada por el diario El Universal en mayo de 2018.
En aquella oportunidad, Córdoba confirmó que mantuvo contactos iniciales con Ponce de León, pero cuestionó la efectividad de la ayuda prometida.
De acuerdo con lo expresado por la mujer en ese momento, no percibió beneficios tangibles o aportes económicos derivados de las colectas realizadas por la organización tras los acercamientos iniciales.
Córdoba también relató experiencias complejas en otros escenarios de búsqueda de apoyo privado y religioso, señalando situaciones en las que le fueron solicitadas sumas de dinero para procedimientos quirúrgicos que, según aclaró, ya estaban cubiertos de forma gratuita por el sistema público de salud a través del Hospital Simón Bolívar.
Frente a la atención mediática que ha vuelto a rodear el caso, la EPS Capital Salud emitió una aclaración pública respecto al estado del trámite de eutanasia solicitado por la paciente.
La entidad confirmó que Córdoba cuenta desde hace cuatro años con la autorización formal para acceder al procedimiento de muerte digna, por lo que no existe ningún trámite pendiente ni barrera administrativa que impida su ejecución.
Capital Salud precisó que la decisión de aplicar o no el procedimiento depende exclusivamente de la voluntad autónoma de la paciente.
La EPS manifestó que mantiene canales de comunicación directa con Córdoba para garantizar las prestaciones asistenciales requeridas para el manejo de las secuelas dejadas por las más de 87 intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido a lo largo de más de dos décadas.