María Consuelo Córdoba, una de las sobrevivientes más emblemáticas de ataques con agentes químicos en Colombia, reapareció en la conversación pública tras ofrecer una entrevista en el pódcast Vamos pa’ eso.
A sus 68 años, tras más de dos décadas de haber sufrido la agresión que cambió su vida, la mujer denunció el desamparo económico y social por parte de los gobiernos de turno.
Durante la conversación, Córdoba relató que en los últimos años ha visto eliminados los apoyos económicos que le permitían sostenerse. Según explicó, la interrupción de las ayudas estatales se habría agudizado a partir del año 2017, situación que afecta de forma directa su calidad de vida y su acceso a recursos básicos de subsistencia.
Uno de los puntos centrales de su intervención se enfocó en la pérdida del apoyo alimentario que recibía por parte de programas sociales. De acuerdo con sus declaraciones en el pódcast, la mujer cuestionó los criterios de asignación de ayudas públicas en el país.
“El gobierno me olvidó y me quitó mi bono de la comida. No darme un subsidio a mí, una mujer de 68 años; se lo da a gente que tiene casa, a los guerrilleros y a Consuelo nada”, afirmó Córdoba durante la entrevista.
En el mismo espacio, Córdoba extendió sus señalamientos a las máximas autoridades ejecutivas que han liderado el país durante su proceso de recuperación, citando a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
Según expresó la mujer, considera que la respuesta institucional brindada a su caso y a situaciones similares evidencia fallas que catalogó enfáticamente como discriminatorias.
“Ellos son racistas, el presidente es racista”, manifestó Córdoba, al expresar su inconformidad por la falta de apoyo.
Cabe señalar que las afirmaciones hechas por Córdoba responden a su percepción y vivencia personal frente a cómo se manejó su caso.
El nombre de María Consuelo Córdoba es reconocido en el debate público colombiano por la severidad de las secuelas que le dejó el ataque sufrido hace más de 26 años.
Su proceso de recuperación médica ha requerido decenas de intervenciones quirúrgicas y una constante asistencia psicológica y dermatológica.
El caso de Córdoba, junto con el de otras víctimas como Natalia Ponce de León, impulsó en su momento la visibilización de la violencia ejercida mediante sustancias corrosivas en el país.
Este movimiento ciudadano y mediático derivó en la sanción de la Ley 1773 de 2016 (conocida como Ley Natalia Ponce de León), la cual tipificó los ataques con ácido como un delito específico con penas severas y dispuso la creación de un protocolo de atención médica integral para los afectados.
No es la primera vez que la situación de María Consuelo Córdoba genera conmoción nacional. Días atrás, su caso tomó relevancia en la opinión pública cuando dio a conocer su intención de someterse al procedimiento de eutanasia o muerte digna, argumentando el intenso dolor físico, las secuelas emocionales y la imposibilidad de sostenerse económicamente de manera autónoma.