¿Por qué el derecho penal corporativo se ha convertido en una herramienta indispensable para blindar a las empresas y a sus directivos?

ANDRÉS BARRETO: La multiplicidad de jurisdicciones en las que las empresas desarrollan sus negocios las hace sujetos controlables por diferentes autoridades, y es por ello que poder analizar y prevenir riesgos es indispensable en el mundo de los negocios.

Lo que en ciertas latitudes es doloso, en otras es culposo, y en sistemas como el colombiano, tan colapsado en lo penal, la duración de los procesos también es un riesgo que no solo afecta lo jurídico sino lo reputacional, por eso, evitar las conductas y prevenirlas con programas de cumplimiento y otras herramientas es necesario para asegurar un adecuado desarrollo empresarial y evitar la imposición de sanciones.

Otros temas esenciales son el control internacional al lavado de activos, el soborno transnacional y la violación de derechos humanos. Todos son temas transversales e interconectados que hoy en día hacen necesario contar con un blindaje que permita una adecuada gestión del riesgo en aspectos penales, empresariales e internacionales.

¿Cuáles son los principales riesgos penales que enfrentan los clientes que viven en un contexto de mayor escrutinio social y regulatorio?

A.B.: Hoy en día las jurisdicciones y competencias son más globales, temas como las listas restrictivas, la persecución del lavado de activos y el riesgo reputacional y judicial por entrar en prácticas restrictivas, anticompetitivas y de soborno transnacional están bajo el escrutinio global, bien sea a través de instrumentos internacionales y tratados o por cooperación judicial.

La afectación en estos casos no es necesariamente local o judicial, sino que puede generar alertas para que, en otras jurisdicciones, tanto las empresas como los Estados, eviten relaciones con empresas sancionadas, por esta razón, contar con programas robustos de cumplimiento, oficiales de cumplimiento y una adecuada asesoría corporativa son el abordaje necesario para los asuntos penales, societarios o corporativos, así como tributarios y de cumplimiento.

El poder anticipar el riesgo con debida diligencia, la revisión documental y de bases de datos y ofrecer un panorama claro a empresarios podrá anticipar el riesgo, aun así, el riesgo también se debe limitar desde las mismas tratativas precontractuales, así como al momento de suscribir contratos y acuerdos que den fe de las obligaciones que se deben honrar y los riesgos que no se deben permitir.

¿Cuáles son los mecanismos legales más efectivos para proteger a los directivos y a las organizaciones?

A.B.: Pueden ser la implementación de programas de cumplimiento y la capacitación constante desde administradores, miembros de junta y ejecutivos acerca de los riesgos jurídicos en materia penal, de competencia, soborno transnacional y otros asociados a cada operación, como los ambientales o de derechos humanos.

También están la elaboración de guías, minutas contractuales y un procedimiento interno claro para la recepción de denuncias; el análisis de contingencias y la colaboración con las autoridades. Poder articular estos asuntos con las obligaciones laborales, contractuales y los deberes de los administradores y tomadores de decisión es crucial para proteger adecuadamente a las empresas y diferenciar las responsabilidades en cada caso. La omisión o culpa de los trabajadores afecta directamente la reputación empresarial y es por ello que se debe trabajar en una cultura corporativa adecuada, en la que el trabajador y ejecutivo entiendan el marco jurídico y empresarial, y a su vez su gestión proteja los intereses de la empresa limitando los riesgos.

¿Qué tendencias internacionales en prevención penal están marcando la pauta en el

sector?

A.B.: La suscripción de cláusulas asociadas a evitar y denunciar conductas delictivas como el lavado de activos, soborno transnacional, prácticas anticompetitivas, entre otras, y aunque a veces haya inacción de las autoridades locales, las empresas deben pensar globalmente y limitar su riesgo, cumpliendo el ordenamiento local y las conductas que son homólogas a nivel internacional.

Los temas de protección de datos y ciberseguridad también son una realidad empresarial, y se deben abordar con seriedad, pues hay algunas que tienen responsabilidad penal como la suplantación y violación de comunicaciones.

En Colombia a veces la prevención no se toma en serio, asimismo, si el ente acusador y las autoridades de inspección, vigilancia y control no hacen su trabajo, no generan el mensaje de prevención general; sin embargo, se debe insistir en que las autoridades cambian y las tendencias hoy son más globales. No hay que esperar la investigación o sanción para actuar, la prevención es el mejor negocio porque evita desgastes judiciales y administrativos, así como sanciones que son prevenibles.

¿Cuál es el error más frecuente que cometen los empresarios al subestimar un riesgo penal?

A.B.: El hecho de subestimar la cooperación internacional existente entre autoridades, compartir información y pensar que la inacción o colapso de las autoridades penales o administrativas es idéntica a nivel global. Un escenario en el que las autoridades tienen capacidad institucional global y las prácticas asociadas a lavado de activos, ocultamiento y soborno transnacional, entre otras, hoy son escrutadas fuertemente, además de que deben ser tomadas en serio para evitar no solo el riesgo penal, sino el riesgo global asociado a sanciones migratorias, contractuales y la restricción de operaciones.

¿Cómo ve el panorama actual del país?

A.B.: La incertidumbre de reformas y medidas regulatorias contraproducentes se han venido disipando en el último año de gobierno y ahora se puede hacer un análisis de lo que eventualmente pueda convertirse en ley o decreto y lo que no, esto, claro, permite maniobrar de cara al último trimestre y anticiparse a la planeación del 2026. Muchos negocios e inversiones que estaban suspendidos por inseguridad jurídica y la excesiva intervención estatal podrían retomarse de cara al 2026, un hecho necesario para generar más trabajo, ingreso, competitividad y desarrollo.

El crecimiento económico ha sido muy deficiente y tiene unos márgenes de afectación que ni siquiera se vieron con la pandemia, sin embargo, el rebote de la economía, el crecimiento de la bolsa y el repunte que se empieza a evidenciar coinciden con un posible cambio en el espectro político y la esperanza que ello genera en el inversionista.

La alta carga impositiva, el aumento en el costo de los servicios públicos y los cambios en el ámbito laboral, pensional y de seguridad social sin duda impactan en el mundo de los negocios, generando una desaceleración y una salida masiva de capitales. Hoy Colombia está recibiendo remesas en unos flujos que no se evidenciaban desde la migración masiva entre 1998 y 2001.

Finalmente, las firmas también son empresas y nos vemos avocados a los mismos riesgos y variables de cualquier compañía, sin embargo, esto nos permite asesorar con responsabilidad y conocimiento de causa, limitando no solo el riesgo jurídico, sino también el empresarial, y ofertando paquetes de planeación tributaria, cumplimiento, manejo de relaciones laborales y operaciones que permiten el salvamento y continuidad empresarial.

También confiamos en que los análisis y variables macroeconómicos influyan positivamente para 2026, teniendo en cuenta que Colombia es un país con un tejido empresarial conformado por más del 90% de pequeñas y medianas empresas.

¿Qué tan preparadas están las empresas colombianas para implementar programas de cumplimiento que prevengan contingencias penales?

A.B.: Creo que en administraciones pasadas se hicieron importantes esfuerzos para insistir en el tema de cumplimiento, prevención de riesgo, programas de delación, garantías, principios de oportunidad, entre otros mecanismos que permitían anticipar y prevenir riesgos o terminar anticipadamente actuaciones.

Hoy, además de las normas de derecho positivo y duro, existen herramientas de derecho flexible que permiten implementar medidas y programas que, al tiempo de limitar el riesgo, permiten construir una mejor cultura corporativa preparada para el mundo de los negocios internacionales, la competitividad y el blindaje jurídico local y transnacional.

Sé que muchas empresas ven esto como una carga o un costo, pero para eso se pueden apoyar en los despachos que, como el nuestro, tienen experiencia y se convierten en aliados estratégicos de sus negocios para limitar el riesgo desde diferentes perspectivas.