Imaginemos a una persona que ha vivido durante años en un terreno que considera suyo. Allí construyó su casa, estableció un negocio, sembró, invirtió sus ahorros o recibió de sus padres un patrimonio que ha pasado de generación en generación. Tiene una escritura pública, contrato de compraventa, recibos de impuestos y una historia familiar que la vincula con ese lugar.

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Un día, al intentar venderlo, solicitar un préstamo, desarrollar urbanísticamente la propiedad o adelantar un trámite ante una entidad pública, descubre que hay un problema: los títulos que tiene no necesariamente acreditan que el terreno sea de propiedad privada. Incluso puede surgir la posibilidad de que se trate de un baldío de la Nación.

Es difícil dimensionar lo que significa recibir una noticia de esa naturaleza. No estamos hablando simplemente de un posible error en los títulos. Para esa persona puede significar poner en riesgo el patrimonio de toda su vida, cuestionar una herencia familiar y enfrentarse a la incertidumbre de no saber qué derechos tiene sobre el predio donde ha construido su proyecto de vida o donde ha realizado sus inversiones.

Esta es una realidad que merece mucha más atención en Colombia.

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En materia de tierras, existe una diferencia jurídica fundamental entre ocupar un terreno, ser poseedor, tener títulos que acrediten una compraventa y ser propietario. Son situaciones que pueden coincidir, pero no necesariamente significan lo mismo.

Los baldíos son terrenos que pertenecen a la Nación y que, de acuerdo con la ley, pueden ser adjudicados por el Estado a quienes cumplan los requisitos establecidos. Su ocupación, incluso cuando se ha prolongado durante muchos años, no los convierte automáticamente en propiedad privada ni mucho menos permite que dichas tierras sean adquiridas mediante prescripción.

El problema aparece cuando las personas han construido su relación con un predio a partir de títulos, documentos, negocios y antecedentes familiares que no necesariamente sirven para demostrar la propiedad privada.

Una escritura pública, por ejemplo, no garantiza por sí sola que quien vendió es el propietario, ni que el terreno hubiera salido legalmente del dominio de la Nación. Puede suceder como pasa en muchos casos en el suelo rural que exista una cadena de contratos de compraventas, sucesiones o transferencias de mejoras que no acrediten el derecho de dominio sobre el inmueble.

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Y es precisamente allí donde comienzan muchos de los conflictos.

Hay familias e inversionistas que compraron un terreno sin conocer sus antecedentes registrales y catastrales. Otras heredaron propiedades cuya situación jurídica nunca fue revisada. También existen campesinos que llevan décadas trabajando una tierra y que esperan que el Estado reconozca sus derechos, sin saber que la naturaleza jurídica del predio todavía está por definirse.

No sería correcto tratar todas estas situaciones de la misma manera. Tampoco sería justo asumir que toda persona que ocupa un posible baldío está actuando de mala fe. Detrás de cada caso hay circunstancias particulares que exigen un análisis individual para no desconocer el contexto social y económico de sus habitantes.

La Ley 160 de 1994 determina como se acredita la propiedad privada para tener la certeza si un bien inmueble salió o no del dominio del Estado. La Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional reiteró los criterios para acreditar la propiedad privada rural y unificó las reglas aplicables a los procesos de pertenencia.

Esto tiene consecuencias muy concretas para todas las personas interesadas en la tierra. Si un terreno es efectivamente baldío, no puede ser adquirido por el paso del tiempo, como ocurre cuando su naturaleza jurídica es privada. Sin embargo, si quien lo ocupa reúne las condiciones legales para acceder a su adjudicación, existe un proceso especial que debe poder conocer y tramitar.

Por eso, cuando aparece una duda sobre la naturaleza jurídica de un predio, lo primero que se necesita es claridad. Hay que revisar los antecedentes registrales y catastrales, si carece de ellos es necesario reconstruir su historia, contrastar toda la información de la tierra y establecer qué ocurrió jurídicamente con ese terreno. Es decir: un trabajo minucioso que realizamos en Rodríguez Medina y Asociados, al crear una metodología propia para reconstruir esa historia y obtener decisiones administrativas y judiciales favorables.

No se puede resolver una situación de esta magnitud analizando únicamente quién ocupa o posee el inmueble o quién aparece en un título. Se necesita una investigación rigurosa que permita establecer los derechos que existen y las actuaciones que corresponden.

También hay una responsabilidad del Estado que no podemos pasar por alto. Las personas necesitan respuestas oportunas, procedimientos ágiles que permitan el acceso a la información y entidades públicas coordinadas entre ellas que permitan la custodia de los antecedentes jurídicos de las tierras y el inventario de los bienes inmuebles del País. No deberían pasar años intentando establecer si pueden disponer de su patrimonio, si tienen derecho a solicitar una adjudicación o si deben enfrentar un trámite para legalizar sus tierras.

La discusión sobre los baldíos tampoco puede separarse de la Jurisdicción Agraria. Colombia necesita una justicia que comprenda las particularidades de los conflictos rurales, pero también necesita que las entidades encargadas de administrar la tierra cuenten con información suficiente para tomar decisiones correctas. Una decisión equivocada o tardía puede tener efectos adversos sobre una familia, una comunidad, un inversionista e inclusive sobre el patrimonio público.

Proteger los baldíos de la Nación es necesario. Son bienes públicos destinados a cumplir una finalidad constitucional y legal, entre ellos, el acceso progresivo a la propiedad rural. Pero esa protección debe ir acompañada de garantías para las personas involucradas, especialmente para quienes han trabajado la tierra y pueden tener derechos que el Estado está llamado a reconocer.

Desde mi experiencia en derecho de tierras, considero que uno de los mayores problemas del país es que la mayoría de las personas conocen la real situación jurídica de sus predios cuando necesitan venderlos, desarrollarlos urbanísticamente, pedir préstamos o defenderlos frente a instancias judiciales o administrativas. Es decir, no existe una cultura en hacer un análisis previo de la naturaleza jurídica de la tierra antes de invertir en ella y en este sentido las consecuencias económicas son difíciles de prevenir.

Necesitamos cambiar esa realidad. El análisis de los antecedentes jurídicos no debería ser un trámite posterior a la compra del predio ni una reacción inmediata ante un conflicto. Tiene que formar parte de una cultura de protección patrimonial y de una gestión responsable para todos aquellos que estén interesados en adquirir la tierra.

Lady Rodríguez Medina, fundadora y CEO de Rodríguez Medina y Asociados